En efecto, tanto el Alcalde de El Alto como el Secretario General de ese Gobierno Municipal han reconocido que desde hace dos décadas no se ha elaborado planimetrías de los barrios, pese a que la Ley 2028 de Municipalidades determina como obligatorios el ordenamiento y la zonificación de las ciudades y la Ley de Autonomías las señala como requisito para la ejecución de proyectos urbanos; además de que cualquier sistema de planificación urbana mínimamente serio requiere de, por lo menos, planos oficiales de la ciudad.
La explicación evidente para esta gravísima omisión, que no es atribuible al actual burgomaestre, sino a todos sus antecesores desde la década de 1990, está en el acelerado crecimiento de la ciudad registrado en las últimas dos décadas. La otra explicación está en la negligencia de autoridades que medraron política y económicamente de esa ciudad y sus habitantes sin preocuparse siquiera de cumplir con obligaciones esenciales como la que se comenta.
Se calcula que en la extensa mancha urbana de El Alto viven 1,2 millones de personas distribuidas en 14 distritos y 850 barrios. Pero el cómo se distribuye el espacio urbano, si se respetan las áreas de uso común como parques y calles con sus calzadas y veredas o si se destinan terrenos para construir mercados, hospitales y otras edificaciones públicas es un misterio para las autoridades locales.
Este desconocimiento de la geografía urbana de El Alto, además de revelar la falta de dominio territorial del Gobierno Municipal Autónomo, tiene como resultado la imposibilidad de ejecutar todas las obras públicas requeridas; lo que lleva a preguntarse qué y cómo se ejecutó durante las anteriores gestiones; pues una cosa está clara, la planificación urbana estuvo ausente, pero no así las obras, que sí las hubo, tal vez determinadas por afanes proselitistas.
Al ser la planimetría una certificación que habilita la ejecución de obras públicas en los barrios de las ciudades, el Gobierno Municipal alteño debe poner mucha prisa en ejecutar la tarea pendiente, que por ahora es un proyecto cuya ejecución demandará $us 3 millones y dos años de trabajo.
Se trata, pues, no sólo de la necesidad estratégica y la obligación legal de ejecutar obras de desarrollo urbano, hoy entorpecidas por la carencia de planos de la ciudad, sino, sobre todo, de comenzar a recorrer caminos institucionales que conduzcan a que las y los alteños puedan, finalmente, vivir bien.
