Un reportaje de La Razón publicado el domingo último identificó la existencia de una sofisticada red de reclutamiento, transporte y explotación que busca entre sus víctimas a personas jóvenes y, sobre todo, necesitadas. Así, por ejemplo, en ciudades como El Alto, agencias de empleo o «gestorías comerciales» publican avisos de reclutamiento para trabajar en talleres de costura de la metrópoli brasileña ofreciendo beneficios que luego no se materializan.
La memoria periodística recuerda que en todos los casos que han abordado la problemática de la migración y la explotación laboral se identifica el clásico relato que habla de muchos sacrificios, pero también de la posibilidad cierta de tener éxito. Antes sedujo a europeos que llegaron al nuevo continente, hoy lo hace sobre quienes, víctimas de la pobreza, buscan cambiar su situación. El problema es que este relato beneficia a unos pocos, que administran las redes de trata y tráfico de personas.
Elocuente ejemplo del sueño migrante es el Cónsul de Bolivia en Sao Paulo, pues él también emigró y hoy es un empresario con negocios en ambos países, además de agente diplomático boliviano. Por eso mismo es la persona más apropiada para advertir sobre los muchos peligros que acechan a quienes cruzan la frontera de manera ilegal, y le toca luchar por los derechos de estos indocumentados ante las autoridades brasileñas.
Y es que existe un acuerdo binacional que posibilita a los bolivianos obtener un certificado del Registro Nacional de Extranjeros brasileño, que habilita el goce de los derechos ciudadanos, entre ellos el de trabajar legalmente y recibir los beneficios sociales que corresponden. De hecho, según el cónsul, en los últimos tres años, aproximadamente 70.000 de los casi 200.000 bolivianos que viven en Sao Paulo han regularizado su situación migratoria.
Por su parte, los traficantes de personas organizan inclusive el transporte de los migrantes para asegurarse de que, por una parte, lleguen hasta los talleres donde trabajarán y, por otra, no hagan los trámites migratorios en la frontera, obligatorios para legalizar su estadía en el vecino país.
Se trata, pues, de una realidad lacerante que requiere de grandes esfuerzos a lo largo de toda la cadena, no para evitar que las personas abandonen el país, sino para que no lo hagan en condiciones ilegales, que sólo las ponen en riesgo y favorecen su explotación. Y ésta es una tarea que no sólo le compete al Estado.
