Silvio Berlusconi tiene desde ayer otra cita marcada con la justicia. Será (si nada lo impide) el 6 de abril, a las 9.30, en el Tribunal de Milán. La juez Cristina di Censo ha dictaminado que el primer ministro debe ser procesado por el rito inmediato.
Se le acusa por los supuestos delitos de cohecho y prostitución de menores, tal y como solicitaban los fiscales que han instruido el caso Ruby, el apodo de la joven marroquí Karima El Maghour que según la acusación pública visitó una decena de veces a Berlusconi en su casa de Arcore, en Milán cuando era menor de edad.
En su dictamen, la GIP (siglas de Juez para la Investigación Preliminar), ha fijado, además, que la primera audiencia se celebre en la 4ª Sección Penal del Tribunal de Milán, lo que implica que el colegio que juzgará a Berlusconi, de 74 años, estará formado por tres mujeres: Carmen D’Elia, Orsola De Cristofaro y Giulia Turri.
El primer ministro, que ha cancelado una rueda de prensa en Catania sobre la llegada de miles de inmigrantes tunecinos a Lampedusa, ha llegado ayer al mediodía a su residencia romana, el Palazzo Grazioli. Le esperaba ya uno de sus abogados, el diputado de su formación Niccolò Ghedini.
La resolución de Di Censo confirma plenamente la tesis de los fiscales de que existen pruebas evidentes contra el magnate y político, que tiene 15 días hábiles para decidir si prefiere optar a un procedimiento abreviado, que en caso de condena le concedería la reducción de un tercio de la pena.
La decisión de la magistrada milanesa ha suscitado una cascada de reacciones. El portavoz del opositor Partido Democrático, Dario Franceschini, ha señalado que «Berlusconi debe acudir a defenderse ante los jueces como todas las personas que no tienen nada que esconder». Y ha añadido que Il Cavaliere «debe dimitir para evitar a su país el bochorno ante el mundo de tener un primer ministro procesado por prostitución de menores y cohecho».
El ministro de Justicia, Angelino Alfano, ha criticado duramente a los jueces y ha dicho: «No han tenido en cuenta lo que votó la semana pasada la cámara de diputados» (que el caso compete al tribunal de ministros). «Este asunto pone en juego la soberanía y la independencia del Parlamento». A los periodistas que le han preguntado si Berlusconi piensa dimitir, Alfano les ha respondido: «¿Y la presunción de inocencia? ¿Entonces todos los imputados son culpables y deben dimitir? Berlusconi tiene la gran legitimidad que le han concedido los italianos».
El delito de cohecho de funcionario público (abuso de poder) está penado con un máximo de 12 años de prisión, y el de prostitución de menores con un máximo de tres, por lo que Berlusconi arriesga una condena de hasta 15 años además de la interdicción definitiva para ocupar cargos públicos.
La primera reacción de los abogados de Berlusconi ha sido de aparente tranquilidad. «No nos esperábamos otra cosa», ha dicho Piero Longo, que forma junto a Niccolò Ghedini la defensa del político. El senador Longo ha añadido una apostilla: «Estupendo, las señoras son siempre bien recibidas, y a veces incluso agradables».La defensa tiene derecho a presentar alegaciones, entre ellas la que atañe a la cuestión de la competencia de los tribunales. Los abogados de Berlusconi basarán su estrategia en sostener que la Fiscalía de Milán no es competente para juzgar al primer ministro, porque tal cometido le corresponde al tribunal de ministros. El dictamen del juez relata que la Fiscalía ha acusado a Berlusconi de haber abusado de su condición de presidente del Gobierno.
