Miles de sindicalistas protestaron ayer en Brasilia contra el aumento del 5,88% que ofrece el Gobierno de Dilma Rousseff para el salario mínimo y exigieron un alza mayor, que según el Ministerio de Hacienda causaría un «descontrol fiscal».
La manifestación, que según la Policía congregó a unas 1.500 personas, se desarrolló sin incidentes frente al Congreso, donde estaba previsto que el asunto sea sometido a votación en la Cámara de Diputados, en la que el oficialismo tiene amplia mayoría.
El alza ofrecida por el Gobierno llevaría el salario mínimo a 545 reales (328 dólares), pero los sindicatos y la oposición exigen una subida mayor, con propuestas que varían entre 560 y 600 reales (entre 337 y 361 dólares).
El asunto fue objeto el martes de un debate previo en la Cámara baja, que invitó a representantes del Gobierno, de los sindicatos y de la empresa privada a exponer sus posiciones.
La voz del Gobierno la asumió el ministro brasileño de Hacienda, Guido Mantega, quien recordó que el salario mínimo aumentó un 57% entre 2003 y 2010 durante la gestión del ahora ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y padrino político de Rousseff.
Explicó que, debido a los efectos remanentes de la crisis global, el Gobierno ha debido aplicar un fuerte recorte en el presupuesto nacional para este año, que prevé un salario mínimo de 545 reales, y advirtió que un alza mayor afectaría las cuentas públicas.
«Acabamos de hacer una fuerte reducción del presupuesto y no podemos dar un aumento mayor», afirmó el ministro Mantega, quien apuntó que el país no puede «arriesgarse a tener un descontrol fiscal, porque ello tendría impacto en la inflación».
