Hay que recordar que la creciente animadversión de algunos sectores sociales contra los transportistas tiene como antecedente una demanda de larga data de estos últimos, que reclaman porque hace 11 años que las tarifas están congeladas, a menudo expresada con paros movilizados que, además de afectar al común de las personas por dejarles sin medios de transporte, dejó rastros de violencia contra propios y ajenos.
Así, no es extraño que en los últimos días ya no hayan sido los transportistas quienes tomaron la iniciativa a la hora del enfrentamiento, sino los propios vecinos, que no están dispuestos a pagar más por el servicio de transporte, acrecentando la conflictividad del problema.
Por su parte, las autoridades se distrajeron en discutir quién tiene la atribución de fijar tarifas en vez de concentrarse en encontrar soluciones viables al conflicto desatado por los choferes. El Gobierno dijo que «no considera viable ni correcto ni justo» el incremento en el costo de los pasajes de transporte urbano y la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones (ATT) invocó a los alcaldes a negociar con los transportistas en el marco de las competencias asignadas en el Artículo 96 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Los munícipes, por su parte, recordaron a la ATT que la misma norma señala que será el Gobierno central el que dicte los parámetros para esta negociación.
La dificultad para definir quién es el interlocutor y tiene autoridad para tomar decisiones es apenas un síntoma más de la larga enfermedad del transporte automotor de pasajeros en el país, que al menos en las últimas dos décadas se ha depauperado a la par que crecía el parque automotor destinado a brindar ese servicio.
En efecto, en las ciudades ha prácticamente desaparecido el transporte masivo, siendo reemplazado por innumerables «minibuses» que dan trabajo a idéntica cantidad de conductores, lo que, en un país donde el empleo de calidad no abunda, brinda a este sector una amplia base, que además se caracteriza por su oposición violenta a toda iniciativa que no los favorezca.
Corresponde al Gobierno central cumplir con su deber de fijar «las normas, políticas y parámetros» que señala el Artículo 96 de la ley autonómica, y apoyar a los gobiernos locales en las decisiones que adopten sobre las tarifas del transporte. No hacerlo así sólo denotará indolencia respecto de un tema que, evidentemente, es de capital importancia para la mayoría de las personas.
