El Ministerio de Justicia, el Defensor del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Plurinacional conformarán una comisión interinstitucional que investigará el presunto desalojo de la tribu amazónica Pacahuara, informó ayer el asambleísta Bienvenido Zacu (MAS).
El Juzgado 5º de la Sala Civil de Cobija estableció que los Pacahuaras, al no tener personería jurídica, no tienen derecho a su territorio (ubicado en el bosque del río Negro en Pando), decisión que vulneraría la Constitución Política del Estado, que en su artículo 5 reconoce a la etnia.
Zacu aseguró que el tema será también planteado ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para que se inspeccione el lugar. En tanto, el viceministro de Tierras, José Manuel Pinto, dijo que se investigará el caso.
Sin embargo, Fernando Vargas, gerente general de la empresa Mabet, a la que se responsabiliza de ocupar los predios que pertenecerían a las últimas cinco familias de la tribu, aseguró ayer que cuando el INRA realizó el saneamiento de las 225 mil hectáreas de concesión que tienen, determinó que eran tierras fiscales no disponibles.
«En el levantamiento que hicieron señalan que en toda la inspección que realizaron no se detectó a comunidad indígena originaria en el área. Existe un documento que certifica ello», informó. Vargas advierte que detrás de la denuncia de una posible vulneración de derechos humanos de los Pacahuaras «están Armando Paz Arroyo, responsable de la comunidad indígena Tacana La Selva; y Lucio Ayala, presidente de la Central de Pueblos Indígenas Originarios de Pando, y que el trasfondo es tener los predios para constituir una barraca».
Además, informó de que los Pacahuaras están asentados desde hace 10 años en 360 mil hectáreas, en la provincia Vaca Díez del departamento de Beni, que fueron entregadas por el INRA.
