Desde hace varios años, el país cuenta con un ambicioso Plan Nacional de Inclusión y Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad, que entre muchos otros aspectos relativos al goce de derechos establece el marco para favorecer la inclusión laboral de los miembros de esta población.
En ese mismo marco, el 2007, se promulgó el DS 27477 de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad, y en julio del 2008, la norma fue actualizada por el DS 29608, que establece la obligatoriedad de contratar a un número de personas con discapacidad equivalente al 4% de la planilla laboral.
Podrá señalarse que es probable que este incumplimiento de la norma en los ámbitos público y privado se deba a que no hay suficientes personas con discapacidad que satisfagan el perfil profesional típicamente requerido, y que no es sostenible crear puestos de trabajo sólo para cumplir con la disposición. Pero, al mismo tiempo, se revela con toda claridad que la medida de discriminación positiva es inviabilizada por las múltiples formas de discriminación que existen en la sociedad.
En efecto, casi sin excepciones, la población de personas con discapacidad está invisibilizada; en muchos casos por la propia familia y en casi todos por el resto de las personas, que prefieren no mirar el problema si no es con una actitud de conmiseración. Y a esta invisibilización cotidiana se le suma, de modo casi natural, la reducción de oportunidades para quienes son considerados ‘minusválidos’ y, por tanto, menos capaces de formarse y triunfar. He aquí, entonces, que hay una cadena de factores discriminatorios que alimentan, cual círculo vicioso, la problemática que se comenta.
Así, ya no basta con seguir diagnosticando o apuntando al problema de la falta de oportunidades reales para las personas con discapacidad. Es tan evidente el estado de cosas que la propia Constitución Política les dedica tres artículos: para enunciar sus derechos, las obligaciones del Estado y las bases de la política pública.
Urge, pues, que las instituciones responsables de la tarea, pero también la sociedad en general, asuman el compromiso de favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en todos los órdenes de la vida cotidiana.
Así, ojalá, el horizonte de estas personas dejara de ser un esquivo bono de Bs 3.000 al año, que episódicamente piden con movilizaciones que suelen ser amargamente reprimidas.
