El pasado lunes, cientos de estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) marcharon y bloquearon el peaje de la Ceja, principal acceso a la urbe alteña, en demanda de una porción más grande de la renta por coparticipación tributaria, que se destina a las universidades estatales. Se trata, como todos los años, de la reedición de una pugna que sostiene casi desde su fundación la casa de estudios superiores alteña con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) por el porcentaje que le corresponde del monto asignado a las universidades en el departamento de La Paz. Estudiantes y autoridades de la UPEA exigen exactamente la mitad del total.
Lo que no mencionan en sus demandas, basadas en su interpretación de la Ley de Autonomías, es que la diferencia de número de estudiantes entre una y otra universidad es de más de tres a uno a favor de la UMSA, tampoco mencionan la cantidad de facultades y carreras que tiene la más que centenaria universidad paceña frente a las pocas que ofrece la todavía joven institución de El Alto. Finalmente, se nota la ausencia de pruebas que demuestren que la UPEA tiene suficientes méritos como para equipararse a la universidad paceña. En el fondo, lo que se percibe desde siempre es que hay más interés en disponer de dinero que en decidir acertadamente qué se puede hacer con él.
