Con la aplicación de la Ley 007 de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, aprobada el 17 de mayo del 2010, la población carcelaria del país creció en al menos 5%. En Santa Cruz los reos hablan de un 27%, lo que habría profundizado el hacinamiento.
Según datos del Consejo Consultivo de gobernaciones penitenciarias, en julio del 2010 habían 8.666 internos en los 55 cárceles del país. Para enero del 2011 la cifra aumentó a 9.130 (5,35% más) y los reos denuncian que las cárceles rebasaron su capacidad de albergue.
El artículo primero de la Ley 007, modifica varios artículos del Código de Procedimiento Penal. Los presos protestan por la reforma al artículo 239 que estipula que: «la detención preventiva cesará cuando su duración exceda de 18 meses sin que se haya dictado acusación o de 36 meses sin que se hubiera dictado sentencia». La norma anterior fijaba la cesación de la detención preventiva a los 18 meses.
Ley. El pedido de cambio de esta norma provocó la última semana protestas de reos de La Paz, Cochabamba, Oruro, y Sucre.
El delegado de los internos de Palmasola, en Santa Cruz, Maibel Romero, dijo que el crecimiento de la población carcelaria empezó desde la aplicación de esta ley, lo que profundizó el hacinamiento.
«La Ley (007) ha tenido una incidencia directa para que las cárceles se llenen de personas. Nos está afectando especialmente el tema de la cesación a la detención preventiva. Vemos que hay un choque judicial entre la extinción del juicio y la cesación a la detención. Sugerimos un cambio a los asambleístas a través de la Defensoría del Pueblo, pero hasta ahora no hay respuesta», reclamó.
Advirtió que en Palmasola, hubo un crecimiento de 27% de la población, ya que en el mes de abril había alrededor de 2.350 internos y hasta el mes de febrero, la cifra aumentó a 3.000.
Al respecto, Dante Escóbar, representante de los reos de San Pedro en La Paz, señaló que esa modificación «choca» con el artículo 133 del mismo Código sobre la duración máxima del proceso.
«La modificación establece que la cesación de la detención se puede producir a los 36 meses de detención. Esto es absurdo e incongruente porque ¿quién va a pedir a los 36 meses la cesación de la detención, sin sentencia ejecutoriada, cuando el artículo 133 dice expresamente que todo proceso se extingue a los 36 meses si no hay sentencia ejecutoriada?», señaló el delegado Escóbar.
Lamentó que la promulgación de la Ley 007 hubiera sido por un interés político, redactada «exclusivamente para que el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández (acusado de la matanza de 11 campesinos en Porvenir, Pando el 2008), no salga de la cárcel.
Karlo Brito, abogado de Fernández, coincidió con que la Ley 007 fue redactada «para que el enemigo político (del Gobierno) siga en la cárcel, sin que se prueben las acusaciones en su contra». «Lo que tratan de hacer es amedrentarlo y presionarlo. Lo detienen indebidamente más de 2 años y cinco meses y no se da curso a la cesación de detención», agregó el jurista.
El director de Régimen Penitenciario, Jorge Antonio Sueiro, reconoció que la Ley 007 retiene a algunos reos por un año y medio más en la cárcel, pero que no era una cuestión fundamental para que haya dado lugar al hacinamiento en las cárceles.
«Aunque incide en cierta forma, no son porcentajes elevados. Otro de los factores es que los jueces y fiscales envían a la detención preventiva, a cualquier persona aunque sea por un delito de bagatela», manifestó.
La exigencia de una modificación a la Ley 007 ha llegado hasta la Asamblea Legislativa. Allí, el oficialismo dice desconocer algún pedido de cambio y la oposición da poca fe a que la mayoría legislativa dé curso a algún cambio.
«Con esta gente tirana que hay, cualquier propuesta que se haga es totalmente imposible llevarlo adelante», lamentó el senador cruceño Germán Antelo (CN).
«Tendríamos que plantear la modificación, pero eso pasa por pedirle al Ejecutivo y a la Asamblea, voluntad política», dijo el diputado Mauricio Muñoz (CN).
Bernardo Wáyar Caballero
«El sistema procesal está fallando»
El problema del hacinamiento en los penales es que el sistema procesal penal está fallando. Los presos sin condena no deberían llegar al 80% como ahora. Está en un índice superior al que se había tenido cuando existía el sistema escrito.
Se supone que lo que debería hacer la oralidad del proceso, es primero que las investigaciones sean más responsables, que se respete el debido proceso y que los procesos sean verificados y concluidos en un plazo razonable. Lo que se ha hecho con la Ley 007 es modificar todo el sistema, agravar las condiciones y hoy tenemos que las personas están privadas de libertad en forma preventiva por un tiempo mayor.
El funcionamiento en el Ministerio Público es otra de las agravantes, hay demasiados casos, denuncias y pocos fiscales. Ha existido una especie de privilegio de la persecución política, en lugar de la persecución penal.
Estos elementos han degenerado al sistema penal que por un lado, dio lugar que hasta el día de hoy haya mayor índice de presos sin condena y hacinamiento en las cárceles. No se trata de defender a nadie. Se trata de que todas las personas, cualesquiera que éstas sean, sean juzgadas con las debidas garantías.
