La oposición en la Asamblea sostiene que existe doble discurso en el oficialismo en torno a la lucha contra la corrupción porque, mientras el Gobierno habla de hacerle frente, masistas se involucran en estos hechos. Exigen la institucionalidad de la cosa pública para combatir este mal.
El diputado opositor Franz Choque afirmó que este doble discurso no contribuye a una eficaz lucha contra la corrupción, por lo que demandó una estrategia de institucionalización de la administración pública.
El asambleísta informó que denunció hechos de corrupción en Oruro, que involucran a militantes del MAS en el Servicio Departamental de Caminos , el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y en la regional del Vías Bolivia.
Choque explicó que, por el primer caso, el Estado sufriría un daño económico de 7,6 millones de bolivianos.
Según reporte de octubre pasado de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, Bolivia mejoró en su calificación anticorrupción. Subió del puesto 120 al 110 en el Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente al 2010.
A pesar de la mejora, se ubica en el quinto peldaño con 2,8 puntos, tras Venezuela (2 puntos), Paraguay (2,2 puntos), Ecuador (2,5 puntos) y Guyana (2,7 puntos).
La diputada de Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes, consideró que la Ley de Lucha Contra la Corrupción fue aprobada para perseguir a los líderes de la oposición. Aseguró que debe entenderse que la lucha contra este mal social no será a través de leyes ‘punitivas’, sino mediante mejores controles internos en las instituciones públicas, el afianzamiento de la institucionalidad desde el Estado y la elección de autoridades bajo el criterio meritocrático.
«El Gobierno recibe su propio chocolate. Este año creo que es el más nefasto para Bolivia porque donde se busque hay corrupción», afirmó la legisladora. A su vez, el diputado de Convergencia por Tarija, Adrián Oliva, puntualizó que «el Gobierno del presidente Evo Morales está siendo socavado por la corrupción desde sus propias bases».
A diferencia de la oposición, el diputado oficialista Edwin Tupa aseguró que la ley anticorrupción es una muestra de la voluntad de luchar contra este flagelo, aunque cree que debería contemplarse como una sanción la pena de muerte. Su correligionario, el senador Fidel Surco, rechazó las críticas de la oposición.
