La decisión, a juzgar por el tono taxativo de las palabras del ministro, significa un hito histórico, pues hasta ahora el margen de negociación que tenían empleadores y empleados con frecuencia habilitaba la renuncia al incremento salarial por parte de los segundos. Esta vez todos deben recibir un incremento igual o superior al 10% y el Ministerio de Trabajo se obliga a avalar todos los acuerdos que se produzcan en el sector privado. La única excepción posible, ha dicho la autoridad, son las microempresas.
Según explican los economistas, el incremento tiene la función de restituir el poder adquisitivo del salario de las personas, mermado a causa de la inflación acumulada. En este caso, el incremento es incluso superior al índice inflacionario, calculado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 7% para el año 2010. Sin embargo, también señalan que la eficacia de esta medida depende de la capacidad del mercado para satisfacer la demanda de bienes de consumo, pues la escasez de éstos, sumada al acrecentado (o al menos restituido) poder adquisitivo, puede provocar mayor inflación.
Los empresarios privados manifestaron su preocupación por este posible fenómeno al día siguiente de la promulgación del DS 809, mas prefirieron centrar su discurso en la posibilidad de que algunas empresas entren en quiebra por funcionar ‘al límite’ y estar imposibilitadas de afrontar el pago de mejores salarios a sus trabajadores.
Al respecto, el Ministro de Trabajo calificó esa amenaza de ‘chantaje’ y afirmó que el artículo 54 de la Constitución Política del Estado posibilita, en ese caso, que los trabajadores se hagan cargo de la empresa que esté en riesgo de cerrar, para, con ayuda del Estado, conservar sus fuentes laborales.
En todo caso, seguramente en el curso de los próximos días el debate sobre la aplicabilidad de la norma volverá a encenderse, y por lo pronto son candidatos a abanderar la resistencia, irónicamente, la Central Obrera Boliviana, que halla el porcentaje insuficiente y pide la abrogación del decreto, y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que lo halla excesivo.
Es previsible que ni unos ni otros logren prevalecer, precisamente porque entre ambas posiciones está el grueso de la población asalariada, que difícilmente rechazará el incremento. Lo peligroso, entonces, será dejar que nuevamente escaseen alimentos básicos, pues eso sólo puede producir especulación, agio e inflación.
