Varias organizaciones denunciarán el próximo martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violación de países andinos como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia del derecho a la consulta de los pueblos indígenas y de las comunidades de afrodescendientes.
La denuncia se efectuará en el marco de una audiencia del 141 periodo de sesiones públicas que celebra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una conferencia telefónica con los medios, Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) señaló que el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, si bien está reconocido en varias normas internacionales y nacionales, «no es muy conocido y no es muy respetado».
«Es un derecho que en los últimos años se ha venido violando en Latinoamérica», agregó.
Informe
La CIDH publicó recientemente un informe sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, en el que resalta las normas y la jurisprudencia del Sistema Interamericano y que ha sido calificado como uno de los análisis más avanzados en esta materia.
Salazar consideró que el informe es «un hito importante» porque evidencia que las interpretaciones que hace el Sistema Interamericano de las normas «compromete a los Estados y acarrea responsabilidad internacional».
Por eso su difusión es «clave», recalcó.
María Clara Galvis, consultora de DPLF, explicó que las organizaciones pretenden mostrar a la CIDH los problemas que existen en el campo normativo en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
Bolivia es un caso paradójico, desde la llegada al poder de Evo Morales y la aprobación de una nueva Constitución que protege a los indígenas y sus recursos, dijeron Salazar y Galvis.
En Bolivia ha habido «bastantes avances normativos, pero todavía hay serias limitaciones en la aplicación práctica» de la nueva Constitución, sostuvieron.
Uno de los compromisos de los países es ajustar sus sistemas normativos a los tratados internacionales en esta materia, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, o las declaraciones y convenios del Sistema Interamericano.
«Vemos que en los cuatro países hay problemas», afirmó.
Cree importante el informe de la CIDH pero quisiera ver una mayor difusión entre las empresas, que tienen un «gran desconocimiento» de las normas y los compromisos internacionales sobre las consultas.
«El derecho a la consulta es un derecho constitucional, pero si uno lo compara con la práctica en todos hay un porcentaje muy alto de proyectos extractivos que no fueron consultados», destacó.
