Una comisión conformada por ejecutivos de la oficina central del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Ministerio Público y representantes del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción irrumpió ayer en las oficinas de la gerencia distrital de la entidad para precintar e incautar las computadoras que tienen la información sobre el proceso, así como identificar al personal involucrado en el ilícito.
«Había muchos funcionarios vinculados con el fraude informático en el Departamento de Recaudaciones Fiscales, el área jurídica de Cobranza Coactiva y otras áreas de la gerencia regional (Santa Cruz). La Fiscalía está haciendo la investigación correspondiente», informó, en contacto telefónico con La Razón, el presidente ejecutivo del SIN, Roberto Ugarte.
El mecanismo que se utilizó para el fraude era la doble tramitación de la boleta de pago Formulario 1.000, el cual era depositado por algunos contribuyentes en oficinas de la regional y posteriormente figuraba como descargo para otros, explicó.
De acuerdo con los informes preliminares, agregó, «está situación se venía llevando a cabo desde unos cuatro o cinco años atrás por funcionarios muy antiguos que conocían plenamente el procedimiento de pago».
Inicialmente, dijo, los principales funcionarios involucrados en el hecho (14) fueron obligados a tomar vacaciones anticipadas, mientras se concluya con el proceso de investigación. Además, se procedió con el cambio de área de trabajo de otros funcionarios que están bajo sospecha.
Implicados. Ugarte aseguró que el cambio en la oficina regional permitirá precautelar documentos y equipos de computación que podrían dar mayores indicios sobre la responsabilidad de los funcionarios de la regional en el «hecho de corrupción».
El «principal implicado, Mario Vaca Tapia (supervisor del área de Recaudaciones), se encuentra prófugo y le hemos exteriorizado a la fiscal asignada al caso, Carla Barrón, se extremen los esfuerzos para dar con su paradero», indicó el presidente del SIN.
La Fiscalía procesará a los responsables del hecho por los delitos de conducta antieconómica, cohecho pasivo, manipulación informática y daño económico al Estado, precisó. «Vamos a usar todas las instancias que estén a nuestro alcance para aclarar este hecho y procesar penalmente a los responsables», afirmó.
Asimismo, Impuestos recuperará los recursos desviados por el fraude y dejará sin efecto los pagos redireccionados que dieron por concluidos los trámites iniciados con el Formulario 1.000 en este caso. Además, «se iniciará las acciones legales para la recuperación y sancionar a aquellos contribuyentes que se hayan prestado a estas acciones ilegales», aseguró.
Luego de un análisis técnico de toda la documentación del caso y según lo planificado, la siguiente semana la comisión emitirá un informe final que incluirá el monto económico que se perdió en todo el período que estuvo vigente este tipo de fraude, expresó el presidente de Impuestos.
Inicio del proceso de control
Denuncia
La denuncia del fraude informático llegó a conocimiento de la oficina central del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el pasado 4 de marzo, tras lo cual se instruyó a la Gerencia Regional Santa Cruz sentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
Proceso
Paralelamente, se destacó una comisión de la oficina nacional del SIN a la capital cruceña para que realice una investigación que permita cuantificar el daño económico e iniciar los procesos legales para su recuperación.
