Así lo informó la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, a tiempo de resaltar que el tiempo que se pierde en la coordinación de los operativos con la Policía y las Fuerzas Armadas influye en los resultados de la intervención.
«Lo que se quiere es conformar grupos de inteligencia que estarán ubicados en lugares estratégicos de la frontera para desarrollar con más fuerza los operativos de lucha contra el contrabando», explicó Ardaya.
Los centros estarían conformados por instituciones como las Fuerzas Armadas, Migración, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el Control Operativo Aduanero (COA) y la ANB, entre otras.
«Cada institución operaría en el marco de su competencia, generando un control cruzado que mejoraría la coordinación entre las entidades», expresó.
La norma que está a punto de ser promulgada por el Ejecutivo establece la creación del Consejo para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad que estará conformado por los ministros de la Presidencia, Defensa, Gobierno, Planificación del Desarrollo, Economía y estará articulada por la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf).
El ente coordinador del Consejo «tendrá tuición sobre los distintos cuarteles del Ejército que sean aledaños al lugar del operativo», manifestó Ardaya.
Esta forma de organización, dijo, permitiría desarrollar operativos de alto riesgo en algunas poblaciones rurales «de tránsito» o «poblaciones implicadas en el contrabando» y efectuar allanamientos que estén dentro del marco normativo legal.
La autoridad hizo las declaraciones ayer, luego de la suscripción de un convenio de intercambio de información estadística agregada sobre importaciones y exportaciones, y otras normas, realizado entre la ANB y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
Fraccionan comercio ilegal
El mayor control en zonas fronterizas obligó a los contrabandistas a buscar nuevas rutas para internar sus mercaderías y aplicar mecanismos como el fraccionamiento para evitar procesos penales.
«Estamos generando mejores operativos y procesos de control con el COA», sin embargo, «los contrabandistas estarían optando por nuevas rutas que los alejan de los lugares de control aduanero», afirmó la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya.
La Ley de Modificación al Código Tributario y a la Ley General de Aduanas establece sanciones más duras contra el contrabando y define que toda mercadería ilegal valuada en más de 200.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) es sujeta de un proceso penal en el Ministerio Público.
El comercio ilegal recurre «al fraccionamiento para no alcanzar las 200.000 UFV y no se vayan a un proceso penal», sostuvo Ardaya.
