En efecto, la fecha, emblemática por corresponder al día en que años atrás se promulgó la Ley del Trabajo Asalariado del Hogar, no sólo ha servido para visibilizar al grupo, sino también para que el Gobierno decida otorgarles el derecho a un día de asueto, disposición que, lamentablemente, no se ha cumplido en la mayoría de los hogares que contratan este tipo de servicio.
Y es que, pese a la existencia de la norma, largamente trabajada por las mujeres y hombres que prestan sus servicios en los hogares, y duramente peleada en los espacios más conservadores, como el Parlamento, donde muchos legisladores y representantes de los y las empleadoras se oponían a la aprobación del proyecto de ley, las conquistas obtenidas tardan, tal vez demasiado, en materializarse en la vida de estas personas.
Así como no se les ha concedido el obligado día de asueto (o, en el mejor de los casos, se lo ha hecho «después de que cocine»), hasta ahora cuesta mucho que se les asigne salarios siquiera iguales al mínimo vital dispuesto por los decretos de ajuste salarial, pues está demostrado que al menos la mitad de las trabajadoras del hogar en el país ganan entre Bs 200 y 400 al mes; y ni qué decir del acceso a derechos como un horario razonable de trabajo, el seguro de salud, la jubilación o, peor aún, al respeto y la dignidad.
Eso sí, no puede decirse que sea una realidad generalizada, pero el mercado para estos servicios ha comenzado a diversificarse, y cada vez son más las personas que ofrecen servicios especializados, tales como cocina, limpieza o cuidado de niños, alejándose paulatinamente de la idea de ‘empleada múltiple’ que tanto gusta a las personas poco afectas a las tareas domésticas; asimismo, es en esos contextos donde el salario es, cuando menos, digno. Sin embargo, hasta ahora esos casos son más la excepción que la norma, pues suelen ser los extranjeros y unas pocas élites económicas los que reconocen y cumplen la normativa nacional al respecto.
Es, pues, buen momento para insistir en la necesidad de un cambio de actitud de parte de los y las empleadoras, que de un modo u otro deben comprender que los derechos de los demás no son concesión ni dádiva, y que el no respetarlos implica que, tarde o temprano, habrán de enfrentar métodos poco amigables de parte de quienes buscan el respeto a sus prerrogativas legales. Además, ese cambio tiene que ver con la lucha contra la discriminación y el racismo, y sólo puede ser para bien.
