El abogado de las víctimas de octubre del 2003, Rogelio Mayta, adelanta que el juicio contra los colaboradores civiles y militares del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada está a al menos cuatro semanas de terminar en sentencia. En los últimos días, fue presentado el diario de campaña del Ejército que actuó ese año en la represión. 69 personas murieron en los conflictos de ese año.
— La sentencia en el caso Octubre… ¿Qué va a implicar esto para las víctimas?
— El proceso está en su parte final, se está procediendo descargos de los últimos acusados que están en Bolivia. Prácticamente, es la cuenta regresiva. Tenemos el descargo del acusado Roberto Claros, que fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Gonzalo Sánchez de Lozada, y posteriormente harán uso de ese derecho los ex ministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara. Y luego de que las partes presenten sus alegatos finales, el Tribunal va a quedar en la posibilidad legal de emitir la sentencia; no tenemos una fecha exacta para que ocurra esa situación. .
— ¿Para quiénes?
— Para los siete acusados en Bolivia: dos miembros del gabinete, que son Reyes Villa y Kuajara, y los miembros del Alto Mando Militar de entonces, cuyo comandante en jefe era el general Roberto Claros; el jefe de Estado Mayor, Gonzalo Rocabado, y los comandantes de Fuerza, del Ejército, Juan Véliz; de la Naval, Alberto Aranda; y el de la Aérea, Oswaldo Quiroga. Estas personas son las que pueden enfrentar una sentencia de condena; para las otras personas que han huido del país todavía estará pendiente el proceso, porque de acuerdo a la legislación boliviana, una persona que ha huido —salvo alguna excepción que no se aplica en este caso— no puede ser procesada y condenada en rebeldía, se tiene que esperar —en los casos de Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín— una repatriación.
— ¿Cuán importante es?
— Éste sería un paso fundamental, la primera sentencia en relación a los responsables de la masacre de septiembre y octubre del 2003. El proceso investigativo ha evidenciado que la violencia se ha desencadenado a partir de órdenes en el nivel político, el Presidente y ministros de Estado, y que han sido ejecutadas por el Alto Mando Militar y fundamentalmente por el general Juan Véliz.
A estas alturas del proceso podemos afirmar que quienes han sido dos elementos fundamentales en esa represión fueron Carlos Sánchez Berzaín y Véliz, ellos han estado dirigiendo y supervisando el operativo de Sorata, que ha derivado en la masacre de Warisata, el 20 de septiembre del 2003.
— ¿Es posible una sentencia como piden las víctimas?
— Todos deberían ser condenados; se ha evidenciado la responsabilidad de todos en diferentes ámbitos. El proceso ha develado algunos aspectos que ni siquiera conocíamos en el juicio oral; en los últimos días, a manera de descargo, se ha presentado el diario de campaña del Ejército, como sostuvimos en estos ocho años: hubo operaciones militares con uso de armamento letal contra la población civil desarmada.
En el marco de las pruebas, indudablemente debe haber condenas, pero estamos prevenidos —como aprendimos en estos años de procesos— de no temer a situaciones de orden legal, sino a otras situaciones, como que en momentos culminantes del proceso siempre han actuado fuerzas misteriosas que han pretendido frenar o destruir el proceso.
— ¿Cuál es el delito mayor que prima en el caso?
— La masacre, que es un delito de lesa humanidad, previsto en el derecho internacional. En este caso, enfrentamos una ironía de la legislación boliviana, porque, por ejemplo, la persona que mata a otra, con ventaja, alevosía o comete asesinato, es sancionada con 30 años de cárcel sin derecho a indulto; pero si alguien asesina a varias personas, comete una masacre, puede ser sancionado con diez a 20 años de presidio.
— ¿Qué tan sustentada está la tipificación del delito?
— De forma absolutamente clara. El tipo penal establece que quien comete masacre, por su accionar directo o mediato, da muerte a varias personas. Las muertes se dieron por el accionar de las fuerzas militares y que éstas han actuado por órdenes impartidas del Alto Mando Militar y definidas por el poder político, de la Presidencia y del gabinete presidencial.
— ¿Cómo se podrá evitar que solamente haya siete acusados?
— Inicialmente, va a haber siete sentenciados. Será el principio de una serie de sentencias. Hay que repatriar a Sánchez de Lozada y a Sánchez Berzaín. Para eso va a ser muy importante que tengamos en Bolivia esta primera sentencia contra siete de los principales responsables identificados. Eso nos permitirá enfocarnos con más fuerza hacia la extradición de otras personas.
