La viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, dijo que se han identificado unas 22 estaciones de servicios que están ubicadas a una distancia de 50 kilómetros de las fronteras que serán expropiadas por los municipios.
El Ejecutivo promulgó el lunes la Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza que faculta a los municipios realizar las gestiones para la expropiación de las gasolineras ubicadas en las fronteras previo el «pago justo» por el inmueble.
Explicó que el presupuesto que se erogará para la compra de las gasolineras por parte de los municipios se coordinará con el Consejo de Desarrollo Fronterizo y la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones Fronterizas (Ademaf). «Es una prioridad del Estado y es YPFB el que va a reembolsar el pago del justo precio a los municipios», manifestó.
Clausura. Susana Ríos reiteró que con la nueva ley las gasolineras que no extiendan factura por la venta de cualquier carburante serán clausuradas de forma definitiva.
«Estas facturaciones pueden dar cierta información de qué es lo que está pasando con el producto, a quién se le está vendiendo y cuál puede ser el destino», argumentó. Además, la persona y comunidades que denuncien el contrabando de carburantes serán recompensadas.
