El vicepresidente Álvaro García advirtió que, en aplicación de la norma, los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) que acatan el paro indefinido desde el lunes se exponen a perder su fuente laboral por no asistir a ella, y luego anunció juicios para los responsables de privar a la población del derecho a recibir atención médica y malversar los recursos de esa entidad.
La autoridad, que tildó de «criminal» la protesta de los trabajadores, aseguró que fue informado de que recursos de la Caja son empleados para movilizar a huelguistas de otras regiones del país en la sede de gobierno.
«Están usando el dinero de los enfermos para pagar alimento de los marchistas, sé que son los dirigentes y no los trabajadores. (…) En vez de suero para el enfermo, dinamita para espantar a los niños», sostuvo García en referencia a las ruidosas protestas que protagonizan en La Paz dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Caja de Seguridad Social (Casegural) y de la Federación de Trabajadores del Seguro Social de Bolivia (Fensegural).
Ante la consulta de si se iniciará alguna indagación sobre el supuesto mal uso de los recursos de la seguridad social, García dijo que «sí, tiene que iniciarse algún tipo de investigación y de juicio, pero además debo decirles que hay normas laborales que establecen que quien no ha estado cinco o seis días en su fuente laboral será objeto de despido.
Vamos a cumplir (la ley), es una medida dura, pero no hay otra salida para poner orden en una Caja que hoy por hoy es un bodrio, una vergüenza, una fábrica de dolor». Aseguró que el anuncio «no es amenaza», sino el simple «cumplimiento de las normas» y se expresó confiado en que tiene el respaldo de la población.
Paro. Los trabajadores de la Caja ingresaron en paro nacional indefinido el lunes 4 de abril para exigir la eliminación del artículo 23 de la Ley Financial, que establece la apertura de cuentas fiscales para la administración de los aportes de los trabajadores a la seguridad social. Además, otra norma fija que todos los bienes muebles de la CNS deben ser inscritos en el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape).
En respuesta a la advertencia de García, Ariel Cáceres, secretario general de Casegural, afirmó que no caerán «ante el amedrentamiento fascista por parte del Gobierno, vamos a continuar con las medidas. No le tenemos miedo al 21060 por que se aplique a los seis días (del paro), lo analizamos y definimos continuar con la presión».
Según Cáceres, la solución al conflicto está en la emisión «de un decreto supremo que indique que la seguridad social no va a ser tocada y le corresponde a los trabajadores».
Miguel Flores, ejecutivo de Fensegural, manifestó que la Constitución reconoce el derecho a la protesta y que aunque «estamos conscientes de la amenaza, día no trabajado, día no pagado, vamos a ver (si el Vicepresidente) se atreve a despedir a 10 mil trabajadores de la Caja, que hoy estamos más unidos que nunca».
Posición. Saúl Peredo, gerente general de la CNS, aseguró desconocer alguna instrucción para proceder a cualquier despido de trabajadores, sin embargo, dijo que «existen disposiciones que se tienen que cumplir y que hay personal que, en el marco de sus labores, está procesando la información correspondiente a la asistencia o no de funcionarios a su fuente laboral».
Según Peredo, él no entabló ninguna negociación con los trabajadores porque está ocupado haciendo recorridos por los centros médicos de la Caja para evaluar y verificar que la atención a los pacientes y a los ciudadanos en las unidades de Emergencia sea la que corresponde.
Con respecto al anuncio de un referéndum para que la población decida sobre su permanencia en la Caja, Cáceres afirmó que no le temen a ninguna consulta y demandó de las entidades públicas, entre ellas el Ejecutivo, cumplir primero con su responsabilidad patronal y pagar «la deuda millonaria que tienen con la seguridad social». Según los dirigentes, el Estado le debe a la CNS alrededor de 500 millones de bolivianos.
30% de la población, en la caja
-Según la dirigencia de la CNS, 30% de la población boliviana, es decir unas tres millones de personas, está afiliada a ese ente.
-El 50%, según el Gobierno, corresponde a la administración pública; el resto pertenece a empresas
privadas.
Pacientes protestan en pijama y piden diálogo
Pacientes internados en el Hospital Obrero de La Paz protestaron en pijamas, en puertas de ese nosocomio, por el perjuicio que provoca el paro. En los policlínicos, afiliados que acuden en busca de atención médica, piden que se instale el diálogo para resolver el problema.
«Por favor, que el Gobierno se sensibilice con nuestro problema, hay pacientes que no se pueden mover de la cama, que dialoguen», declaró un paciente a la red Unitel detrás de las rejas del hospital miraflorino. Con él se encontraba una decena de asegurados que, vestidos con ropa de internación, exigían que la atención se normalice.
Por otro lado, Patricia Suárez, paciente del policlínico Manco Kápac, relató que llegó «a las nueve de la mañana, porque tenía consulta en Oftalmología, pero me indican que no hay atención en especialidades y me piden que vuelva en dos semanas». Como en su caso, el resto de las citas previas deberá ser reprogramada.
La directora de este policlínico, Roxana Tapia, dijo que los médicos se turnan para atender los casos que llegan, pero especialidades como Traumatología, Oftalmología y Reumatología acatan el paro indefinido.
En el policlínico Central (plaza Murillo) se recibe a los asegurados de manera irregular, a puertas cerradas. «Para atender a los afiliados y a falta de administrativos, los profesionales son los que buscan el historial médico de los pacientes», aseguró a este medio el médico general Pedro Salazar.
Asambleístas se abren a una ley para la libre afiliación
Pacientes internados en el Hospital Obrero de La Paz protestaron en pijamas, en puertas de ese nosocomio, por el perjuicio que provoca el paro. En los policlínicos, afiliados que acuden en busca de atención médica, piden que se instale el diálogo para resolver el problema.
«Por favor, que el Gobierno se sensibilice con nuestro problema, hay pacientes que no se pueden mover de la cama, que dialoguen», declaró un paciente a la red Unitel detrás de las rejas del hospital miraflorino. Con él se encontraba una decena de asegurados que, vestidos con ropa de internación, exigían que la atención se normalice.
Por otro lado, Patricia Suárez, paciente del policlínico Manco Kápac, relató que llegó «a las nueve de la mañana, porque tenía consulta en Oftalmología, pero me indican que no hay atención en especialidades y me piden que vuelva en dos semanas». Como en su caso, el resto de las citas previas deberá ser reprogramada.
La directora de este policlínico, Roxana Tapia, dijo que los médicos se turnan para atender los casos que llegan, pero especialidades como Traumatología, Oftalmología y Reumatología acatan el paro indefinido.
En el policlínico Central (plaza Murillo) se recibe a los asegurados de manera irregular, a puertas cerradas. «Para atender a los afiliados y a falta de administrativos, los profesionales son los que buscan el historial médico de los pacientes», aseguró a este medio el médico general Pedro Salazar.
