Con el apoyo de la ONU y especialmente de Francia, las fuerzas de Alassane Ouattara, presidente reconocido de Costa de Marfil, han logrado derrocar a Laurent Gbagbo, presidente saliente que se negaba a entregar el poder pese a haber perdido las elecciones celebradas en noviembre pasado.
Llama la atención la súbita intervención internacional en este caso, en comparación al moroso proceso de exclusión aérea de Libia. París recibió una petición de Naciones Unidas para intervenir en el conflicto y, sin mayores papeleos, ordenó a sus fuerzas militares disparar a las tropas del presidente saliente. No fueron necesarios congresos ni consensos. Se puede argumentar que, en sus inicios, Gadafi contaba con el apoyo de la población libia, y que Gbagbo rechazó todos los llamamientos internacionales para que reconociese su derrota. De todas formas, este caso bien puede servir para ejemplificar que el derecho internacional no es tan rígido ni tan apegado a las normas como se lo suele presentar.
Alassane Ouattara recibe ahora un país destruido por una cruenta guerra civil que no termina de resolverse, y por tensiones religiosas, étnicas y económicas heredadas por un proceso colonial que se olvidó de las comunidades africanas que vivían en esos territorios.
