Los mineros «reclamaron que algunas empresas o minas que antes eran del Estado todavía no han sido recuperadas; el compromiso (dentro del acuerdo que se alcanzó con este sector) es que hay que recuperar (esas minas)», afirmó ayer el mandatario Morales durante una conferencia de prensa.
El acuerdo con los mineros incluiría la rescisión o modificación de contratos con al menos tres compañías mineras extranjeras que operan en el país para que éstas pasen a control estatal.
Al respecto, el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Hugo Miranda, informó a La Razón que el control pleno de los contratos de operación que tiene Comibol con operadores extranjeros es una de las principales demandas del sector. «La Comibol tiene unos siete contratos con empresas del exterior, como Sinchi Wayra, Pan American Silver o Manquiri», dijo.
Sinchi Wayra, subsidiaria de la suiza Glencore, opera cinco minas en Oruro y Potosí explotando plomo, plata y zinc. Administra las minas Porco y Colquiri, en contratos de arrendamiento, y Bolívar, bajo contrato de riesgo compartido con la Comibol.
La canadiense Pan American Silver opera la mina de concentrados de zinc-plata y cobre-plata San Vicente (sur de Potosí) en contrato de riesgo compartido con la minera estatal. Por su parte, la Empresa Minera Manquiri, subsidiaria de Coeur d’Alene Mines Corporation, opera la mina de plata San Bartolomé, también ubicada en el departamento de Potosí.
«Si se toma la decisión, no- sotros no tendríamos ningún inconveniente en administrar esos proyectos, porque la Comibol ya entró a la fase operativa y productiva, y tiene experiencia en el manejo de sus siete empresas estatales», aclaró el ejecutivo. La medida «ocasionaría que el 100% de los ingresos sea para no- sotros», añadió Miranda.
‘Medida no afectaría al país’
La posible rescisión de contratos con firmas extranjeras que operan en proyectos mineros estatales no tendría un gran impacto en los niveles de inversión extranjera directa en el sector. Así lo señaló el ex ministro de Minería Dionisio Garzón.
Esta decisión «no tendría una gran influencia a nivel internacional para las futuras inversiones en el sector, porque se trata de contratos con el Estado que tienen cláusulas de rescisión o modificación», mediante las cuales «si el Estado quiere tomar el control, lo puede hacer», manifestó.
Además, la Constitución y la nueva Ley Minera establecen que en todo contrato de operación el Estado debe tener la mayor participación, explicó.
