Así lo advirtieron ayer el gerente general Armando Gumucio y el presidente del directorio de Soboce Juan Carlos Requena. La medida, sumada a la expropiación de sus acciones y retención de dividendos en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), así como la anotación de sus activos en la planta de Viacha, entre otros, constituye un «constante hostigamiento irracional» en contra de la firma.
«Si esta medida, supuestamente asumida para garantizar el pago por una deuda inexistente, cumpliese su cometido, podría paralizar al mayor proveedor de cemento del país, precisamente cuando la demanda estacional del producto empieza a incrementarse, y tendría resultados desastrosos para el fundamental sector de la construcción y graves consecuencias sobre la economía» del país, sostuvo Requena.
A través de sus cuentas, Soboce mueve diariamente en todo el sistema financiero entre $us 500.000 y 600.000 en operaciones de comercialización de cemento, hormigón premezclado y áridos. Además, compra cerca de 4.000 toneladas de materias primas y paga sus cuentas de electricidad, gas y transporte, entre otros. «Ya apelamos la decisión, porque consideramos que lo que ha definido la juez (Nogales) es una irracionalidad.
Adicionalmente, nos reservamos el derecho de poder iniciar acciones judiciales contra ella, por haber tomado una decisión que no ha sido medida en su propia dimensión y que afecta no sólo a la empresa sino al país», dijo, a su vez, Gumucio.
La juez fue suspendida
La juez Tercero de Partido en Materia Civil de Sucre, Betty Nogales, ordenó congelar las cuentas de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) horas antes de ser suspendida por el Consejo de la Judicatura, recordó ayer el presidente del directorio de la firma, Juan Carlos Requena.
