«Si esta medida que persigue garantizar el pago de una deuda inexistente cumpliese su cometido, se podría paralizar al mayor proveedor de cemento del país, ocasionando daños también al sector de la construcción, con graves consecuencias sobre la economía nacional», se lee en un comunicado publicado ayer en los medios impresos por la cementera.
Soboce se refirió de esa manera a las determinaciones asumidas el 15 de abril por la jueza 3° de Partido en Materia Civil y Comercial de Sucre, Betty Nogales, quien ordenó el congelamiento de cuentas de la firma, la anotación de los activos de la planta de Viacha, la retención de sus dividendos en la Fábrica Nacional de Cemento de Sucre (Fancesa) y la retención del pago de las acciones revertidas de Soboce en Fancesa.
Operaciones. A través de sus cuentas, Soboce mueve a diario, en todo el sistema financiero, entre 500.000 y 600.000 dólares en operaciones de comercialización de cemento, hormigón premezclado y áridos. Además, compra cerca de 4.000 toneladas de materias primas y paga sus cuentas de electricidad, gas y transporte, entre otros.
En 1999, las autoridades de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Sucre firmaron un convenio con Soboce, donde se establecía que la cementera se hacía cargo de Fancesa a cambio de 12,5 millones de bolivianos por siete años, dado que la casa de estudios era socia, junto a la Alcaldía de Sucre y la extinta Corporación Boliviana de Fomento (CBF). El convenio, que fue ampliado en la gestión 2006, se rompió por la transferencia del 33,33 por ciento de las acciones de Fancesa a la Gobernación de Chuquisaca.
Por este caso, el mayor accionista de Soboce, Samuel Doria Medina, fue imputado el 4 de abril por contratos lesivos al Estado, dado que el Gobierno denunció que el valor fijado para las acciones buscaba beneficiar a Soboce. Junto a Doria Medina se imputó también al rector de la Universidad San Francisco Xavier, Wálter Arízaga, y a otros dos ex rectores: Jaime Robles y Jaime Barrón.
En el comunicado, la compañía cementera agrega que defenderá «sus legítimos intereses y derechos» ante lo que considera un intento de intimidación y de crear «situaciones que puedan provocar una desorganización en la provisión del cemento».
