La misiva de renuncia, difundida por varios medios de comunicación, fue enviada al fiscal General, Mario Uribe. «He recibido una serie de amenazas anónimas hacia mi persona y mi familia en el transcurso de estos dos años, razón por la que incluso se me asignó seguridad personal, habiéndose agravado aún más este tipo de hechos cobardes, con la presentación de la acusación y más aún con la audiencia conclusiva», explica Soza en parte de la carta.
El fiscal presentó la acusación formal contra 39 personas y se inició la audiencia conclusiva para dar paso al juicio oral. Añade que existen intereses de políticos, imputados y de abogados defensores que «tratan de hacer creer a la población que este hecho (terrorismo) nunca existió y que todo fue armado por el Gobierno».
«Como individuo y parte de esta sociedad me encuentro en alto riesgo profesional y familiar. Por esta razón tomé la decisión de apartarme de la dirección funcional del caso terrorismo», señala en otra parte de la misiva que se conoció poco después de que informara que cumplió con la orden judicial de individualizar los actos delictivos de los 39 imputados en el caso terrorismo.
El 16 de abril, la oposición hizo público un audio en el que, aparentemente, se escuchan las voces de Soza y de la abogada Mary Carrasco, hablando sobre una estrategia para desplomar a la Corte Suprema. También se oye la coordinación del caso terrorismo con un funcionario del Gobierno.
«Estas personas sólo se presentaron a tergiversar colocando en sus medios imágenes, entrevistas, videos y grabaciones de dudosa procedencia, que va en contra del derecho a la intimidad, provocando que la información sea incompleta e inadecuada, desprestigiando desde todo punto de vista a mi persona y la investigación, dándoles sólo el tinte político», sostiene el representante de la Fiscalía.
La fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, dijo no conocer la decisión tomada por el fiscal, según reportó la agencia ABI.
El fiscal de Recursos, Milton Mendoza, opinó que el alejamiento de Soza influirá en la indagación, mucho más cuando éste no apoyó su trabajo en la comisión que creó el Fiscal General, integrada por los fiscales Patricia Santos y Prudencio Flores.
«Es bastante preocupante que a estas alturas del proceso renuncie el director funcional. El fiscal Uribe deberá resolver la renuncia porque fue quien lo designó», dijo.
Para el senador opositor Bernard Gutiérrez, la renuncia no hizo más que «poner de manifiesto que la fase preparatoria del caso estaba plagada de irregularidades» y que es probable que el alejamiento de Soza «le haga bien al curso de la investigación».
La diputada oficialista Betty Tejada confía en que un nuevo fiscal siga el curso del proceso sin problemas. Cuestionó las críticas de la oposición porque, afirmó, «convirtieron en mártires y víctimas a los involucrados». La autoridad renunciante advirtió que los «ataques cobardes» seguirán contra los fiscales que se designen, según la carta, divulgada también por la red Erbol.
Acusación individual
Ayer, Soza entregó al Juzgado 9° de Instrucción en lo Penal la acusación individualizada contra 39 personas involucradas. El juez Rolando Sarmiento debe fijar hora y fecha para reinstalar la audiencia conclusiva.
Seguimiento del caso
El fiscal Marcelo Soza fue designado en abril del 2009 como el principal investigador del accionar, financiamiento y cómplices de la célula terrorista liderada por el boliviano-croata Eduardo Rózsa, abatido días antes en el hotel Las Américas de Santa Cruz.
Tras 20 meses de investigación, el 17 de diciembre del año pasado presentó formalmente la acusación contra 39 personas, la mayoría de ellas en detención preventiva en varias cárceles del país, otras con detención domiciliaria y 13 fuera del país. El 7 de abril salió a la luz pública un audio en el que, aparentemente, se escucha la voz de Marcelo Soza coordinando con un funcionario del Gobierno el proceso del caso Rózsa.
El 11 de abril siguiente se inició la audiencia conclusiva del caso terrorismo en Cochabamba, bajo la dirección del juez Rolando Sarmiento. La audiencia entró en receso para que la Fiscalía individualice los delitos de los imputados y resuelva las observaciones de la defensa de los acusados.
