La información la proporcionó el fiscal de Distrito de Beni, Hugo Vargas, quien explicó a La Razón que entre los acusados también estaría gente vinculada con la Gobernación, ya que se les encontró credenciales de esa repartición.
La Policía y la Fiscalía aprehendieron ayer, en el marco del operativo Margarita, a María del Rosario Zambrano, Adolfo Chávez Álvarez y a Vladimir Ruiz (esposo de Leiva), acusados de intentar sobornar a los asambleístas del MAS, Mary Luz Coímbra e Inocencio Yubanure, reportó canal 7.
La denuncia se presentó el martes y desde entonces se hizo un seguimiento que concluyó con la detención de quienes habrían ofrecido 10.000 dólares a cada uno de los dos asambleístas (uno del bloque indígena y otro del campesino) para que abandonen Trinidad por unos días a fin de favorecer los intereses de sus adversarios políticos en la Asamblea.
Con la ausencia de los dos legisladores departamentales, el bloque de Primero el Beni del gobernador Ernesto Suárez conseguía la mayoría absoluta con 14 votos y podía aprobar la Ley de cesación de mandato, que refiere en contraposición a la Ley de autonomías, que el gobernador sea cesado en sus funciones sólo en caso de sentencia ejecutoriada.
Coímbra contó que el martes la llamaron insistentemente dos personas: Fabiola Leiva, asambleísta de la bancada Primero el Beni, y Rosario Zambrana, funcionaria de la Gobernación, quienes le ofrecieron darle dinero y un vehículo para que se traslade a Santa Cruz, junto a su familia, durante los próximos tres días.
A Yubanure también le ofrecieron dinero para que no participe en la sesión, según nota de prensa del Ministerio de Autonomía. El comandante de la Policía de Beni, coronel Víctor Maldonado, informó que los operativos se ejecutaron la mañana de ayer.
«Se logró desbaratar esa organización criminal y se detuvo a tres personas en dos operativos», informó en una conferencia de prensa junto a asambleístas del MAS y la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.
Vargas informó que los detenidos son acusados de cometer el delito de cohecho activo, porque fueron descubiertos cuando intentaban entregar dinero a los asambleístas denunciantes.
«Se establecerá de dónde salieron estos dineros y quién se los entregó. También se hará un seguimiento a las llamadas telefónicas para establecer la relación en la organización criminal», explicó el fiscal, mientras Suxo demandó acelerar la investigación y responsabilizó a los detenidos de cualquier hecho que afecte la seguridad de los denunciantes.
«Han tratado de sobornar, de intimidar», cuestionó Suxo, mientras Leiva no contestó el celular pese a las insistentes llamadas
La Ley de cesación
El bloque Primero el Beni, del gobernador Ernesto Suárez, junto a sus aliados, aprobó en diciembre pasado la Ley de cesación de mandato, pero la sesión en la que se aprobó la normativa departamental fue anulada por orden judicial.
El MAS impugnó la referida sesión y se anuló lo actuado en esa ocasión. La iniciativa legal prevé que el gobernador sea suspendido del cargo previa sentencia ejecutoria, cuando la Ley de autonomías establece que la suspensión procede a simple acusación de un fiscal.
Mario Cossío, en diciembre, fue suspendido del cargo a raíz de una acusación fiscal por delitos de corrupción. La Asamblea Legislativa Departamental es la encargada de dar curso a la petición fiscal y nombrar a una autoridad interina.
La Asamblea de Santa Cruz logró aprobar una ley para que el gobernador sólo sea suspendido en caso de sentencia ejecutoriada. El caso está en los estrados judiciales.
