La información fue ofrecida por la senadora Gabriela Montaño (MAS), quien afirmó, sin dar detalles, que se hicieron cambios a «algunos» artículos del proyecto de Reglamento Interno de Preselección de Candidatas y Candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
«¿Podrá ser autoridad (judicial) un abogado que está inmiscuido en actos de terrorismo? Quienes defiendan a personas que hayan estado inmiscuidas y se les haya comprobado del intento de división al país no pueden ser autoridades judiciales, pero eso no quiere decir que ellos no pueden trabajar», aclaró Montaño.
Sobre el tema, el diputado de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro afirmó que el MAS vulnera el ejercicio libre de una profesión. «Para mí, es un exceso. La misma Constitución establece que los abogados que defienden a los acusados sólo están cumpliendo con su trabajo. De ser así, se estaría vulnerando sus derechos constitucionales», cuestionó.
Sobre el aspecto de la meritocracia, Montaño ratificó que la experiencia de autoridad indígena originaria campesina será tomada en cuenta para preseleccionar a los candidatos a las máximas instituciones judiciales. Justificó la decisión con el mandato de la Constitución Política.
Oposición relegada
La Comisión Mixta de Constitución aprobó en detalle, el martes, el reglamento de preselección. La bancada de oposición decidió abandonar la sesión con el argumento de que fue relegada en la consideración del documento.
El periodismo objeta reglamento
Sectores del periodismo rechazan la reglamentación para la elección de autoridades judiciales, que impide a los medios de comunicación, entre otras cosas, realizar entrevistas a los postulantes y denunciar actos de corrupción de los mismos.
El fiscal de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, explicó que las prohibiciones a las campañas mediáticas se extienden a la labor informativa, porque, dijo, los medios de comunicación no podrán realizar entrevistas ni debates con los postulantes y sus propuestas y planes para la población.
«Con el argumento de que debe existir equidad en las campañas de los postulantes, también la norma prohíbe el ejercicio informativo, el derecho a la libertad de prensa y el acceso a la información de la ciudadanía», aseguró Vargas.
El representante de la prensa pidió la modificación de la Ley de Régimen Electoral, norma que prohíbe el trabajo informativo sobre los postulantes a estos comicios inéditos. «Hasta la fecha no hubo una respuesta de parte del Legislativo. Estamos seguros que en este proceso se cortará la libertad de expresión y el derecho a la información que tienen la ciudadanía», advirtió Vargas.
