«No tenemos ningún asesor jurídico fuera del ministerio y que esté utilizando el nombre de nuestra oficina. Ya lo han hecho en dos oportunidades, han utilizado el nombre del ministerio, del viceministerio», declaró la autoridad, en rueda de prensa, tras un evento en el que entregó cheques para proyectos productivos.
Luego, consultada de si conocía a Salas, Achacollo afirmó: «Así lo hayamos conocido, no tenemos ningún asesor. Eso ustedes pueden ver en la Fiscalía, que se encargará de hacer la investigación. Si tengo que someterme a la investigación, yo me someto, no hay inconveniente».
Casi de inmediato, y sin responder a preguntas como si es evidente que visitó al menos en dos oportunidades la oficina de Salas en Santa Cruz, Achacollo dijo que no respondería a más preguntas y volvió a su despacho.
El 9 de marzo, el ex director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Juan Carlos Rojas presentó una denuncia ante la Fiscalía de La Paz sobre la existencia de una red nacional de falsificadores y traficantes de información y documentación institucional del INRA, que vendía y tramitaba datos de catastro y del Sistema Integrado de Saneamiento y Titulación (SIST).
La indagación preliminar determinó que la organización ilícita desarrolló sus actividades como «organismos paralelos al INRA» en oficinas «montadas» en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Dos, ubicadas en la capital cruceña.
En una de las oficinas se ofrecía en venta tierras fiscales y en otra se hacían trámites ilegales de saneamiento para introducirlos al INRA y legalizarlos. Achacollo estaría vinculada con el responsable de la última oficina, Salas, según las declaraciones que éste y su secretaria hicieron al fiscal que investiga el caso. Salas está detenido preventivamente en Palmasola.
A esto se suma que la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) denunció que campesinos, supuestamente apoyados por la ministra, «avasallaron» tierras en Charagua (Cordillera, Santa Cruz).
La autoridad dijo que dichas tierras están tituladas a nombre de Tierras Comunitarias de Origen y que los dueños son los indígenas. «Por tanto, ya no estaría bajo nuestra responsabilidad como Estado, porque ya están tituladas. Hace una semana hicimos conocer al primer capitán de Charagua (Ronald Gómez) que el ministerio en ningún momento estaría apoyando a avasalladores».
