Así lo explicó ayer el ministro de Trabajo, Félix Rojas, quien mencionó que la nueva disposición legal estará apegada a la Constitución Política del Estado (CPE).
El domingo, el presidente Evo Morales promulgó el Decreto 861 en la localidad de Huanuni, Oruro. El artículo 2 dispone la conformación de una comisión de alto nivel entre la COB y el Gobierno para que trabajen en la revisión de las leyes que aún respondan a los conceptos y al espíritu del Decreto Supremo 21060.
Según Rojas, la futura Ley de Bancos establecerá las nuevas reglas con relación al acceso al crédito, como las tasas de interés, porque éstas «no están libradas a la libre oferta y demanda».
«Va a ser el Estado el que definitivamente va a marcar todos aquellos cánones que van a establecer las relaciones entre los que son propietarios de los bancos, que viven de esa actividad, y los que recurren a los servicios de los bancos», manifestó el funcionario.
A decir de Rojas, la banca ha progresado «mucho» en los últimos años, «pero dentro de las normas de control que ha impuesto el Gobierno».
El 31 de agosto del 2010, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, dijo a La Razón que la banca «tiene que subir las tasas pasivas de interés de los depósitos en cajas de ahorro y hacer caer las tasas activas en los préstamos para el sector productivo. Caso contrario, nosotros (como Gobierno) por supuesto adoptaremos medidas».
Normas. Las nuevas normas que serán redactadas con el objetivo de enterrar el 21060 son: la Ley de Minería, Ley Forestal, Ley General del Trabajo, Ley de Bancos y Entidades Financieras, Ley de Inversiones, Ley de Exportaciones, Ley de Electricidad, Ley Forestal y la Ley Ambiental.
Rojas explicó que la Ley de Bancos y las demás normas serán elaboradas por la comisión de alto nivel, cuyos miembros deberán definir la forma de trabajo que podría contemplar la convocatoria al sector privado para que realicen sus respectivos aportes.
Con las nuevas leyes que se promulguen para «enterrar» al Decreto 21060, el Estado se convertirá en regulador de las diferentes áreas de la economía como las exportaciones, inversiones, bancos, minería, medioambiente, entre otros, detalló.
«(El Estado) va a regular (porque) los artículos 306 y 325 de la Constitución establecen precisamente aquello y el Estado tiene que cumplir con esos roles que le ha asignado el pueblo», dijo.
Asimismo, manifestó que en el caso de la nueva Ley de Inversiones, los inversores deberán adecuarse a los nuevos contratos de servicios. Se priorizará la inversión del Estado en la economía, luego la comunitaria, la cooperativizada y la privada. «Se quiere socios y no patrones».
El artículo 311 de la CPE dice que el Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación. Además, el Estado podrá intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, buscando garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida de los bolivianos.
Con la nueva Ley de Exportaciones el Estado regulará las exportaciones e importaciones bajo el principio de garantizar el abastecimiento del mercado interno antes que el externo, dijo.
En el caso de la nueva Ley de Minería, se regulará en el marco del artículo 369 de la CPE, que indica que «el Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera…».
Gary A. Rodríguez Álvarez
‘El muerto goza de buena salud’
Si se ha declarado la muerte del (Decreto Supremo) 21060, este muerto goza de buena salud. Basta con ir a los mercados para verificar que la oferta y la demanda todavía están funcionando y por eso los mercados están abastecidos, por lo tanto el (Decreto) 21060 va a existir mientras el Gobierno no le ponga precio a todo y no quiera controlarlo todo.
Si el (Decreto) 21060 estaría muerto como se ha dicho, volveríamos al pasado de un tipo de cambio fijo, a un Estado empresario, a la fijación de todos los precios y no solamente de los alimentos, también de alquileres, tarifas del transporte público en general.
El Estado tendría que ser un gran oferente en la economía, pero sabemos que eso no va a pasar porque eso va en contra de la historia de lo que está aconteciendo en todo el mundo. El bolsín está funcionando ya no con la flotación sucia de antes, o sea, ahora durante los últimos tres o más años se lo ha manejado casi con un tipo de cambio fijo.
Ahora es de esperar, así como existe la compulsa de oferta y demanda, que ese tipo de cambio obedezca a la correlación de fuerzas que se dan en este caso en el mercado de divisas. El sector legal y formal cada vez tiene más cargas sociales, tributarias y menos mercados.
En una economía plural, las normas y las reglas deberían ser iguales para todos, sin embargo, ya se divisan favoritismos para el Estado y mayor carga para el sector empresarial.
¿Será posible matar al mercado? ¿Se puede ignorar la Ley de la Gravedad? Cuenta la historia que un régimen militar de los 80 —preocupado por la subida del dólar— a tiempo de establecer un tipo de cambio fijo, decretó: «a partir de la fecha se prohíbe la subida del dólar». Buen intento, pero la economía no funciona así. Ahora que, si la «derogación» del 21060 va a tener la efectividad del aplaudido decreto que prohibió importar y comercializar ropa usada en Bolivia —y pese a ello se la sigue vendiendo en grandes volúmenes a vista y paciencia de las autoridades—, entonces: ¡adelante con el asesinato! Total, el muerto seguirá gozando de buena salud.
Gary A. Rodríguez Álvarez
es gerente general del IBCE.
