La audiencia cautelar de los policías se desarrolló ayer en la tarde en Uncía, capital de la provincia Bustillo (Potosí), donde el juez Mario Quispe envió de manera preventiva a los dos efectivos policiales y al civil acusados de extorsionar a propietarios de autos en esa región.
Por su parte, el fiscal César Arando imputó formalmente a los policías Edwin Mamani Ticona, Ramón Paco y al civil Carlos Miranda. Por la mañana, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, confirmó que los policías retenidos en Llallagua por dirigentes de la Federación de Ayllus Originarios del Norte Potosí extorsionaban a los pobladores que poseían autos «chutos» y que se les dará una sanción «ejemplarizadora».
«Todas las evidencias llegan a concluir que estos policías estaban extorsionando en esa zona y por supuesto se procederá a la acción penal correspondiente, incluso el Ministerio de Gobierno también va a ser querellante de este proceso y para garantizar una sanción ejemplarizadora», aseguró Llorenti.
El martes por la noche, luego de arduas negociaciones, los policías y un detenido acusados y retenidos por los ayllus de Potosí fueron entregaron al viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán que se trasladó al lugar. La condición fue que sean juzgados por extorsión.
