La marcha de los jubilados en el nuevo sistema de pensiones llegó a la sede de gobierno. Los rentistas exigen un incremento del 6,5% en el pago de sus rentas y una nivelación de algunas de ellas a 815 bolivianos, equivalente al salario mínimo nacional.
La movilización comenzó hace siete días en la localidad de Quemalla (Oruro, a 188 kilómetros de la ciudad de La Paz) y el sábado llegó a El Alto.
El principal dirigente del sector, Néstor Muñoz, exigió al Gobierno un trato igualitario para todos los jubilados, en relación al aumento al 6,5% que el Ejecutivo acordó en abril con la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, tras dos días de marcha.
«Estamos en nuestro derecho de pedir eso. También hemos aportado a la seguridad social y ahora que tengamos rentas de 400, 500 bolivianos, es abismal la diferencia. Nos discriminan. El Gobierno discrimina», dijo Muñoz a radio Panamericana, quien resaltó que son entre 1.000 y 1.200 marchistas.
El secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Pedro Montes, acompaña la medida de presión.
Este domingo, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, desahució el pedido indicando que los marchistas sólo cuentan con aportes de entre tres y cinco años, lo que fue desmentido hoy por Muñoz.
