En efecto, la posición institucional asumida por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), de manera conjunta con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Boliviana de Radiodifusión (Asbora), es la de asistir a dicha reunión sólo para entregar un documento escrito en el que se reafirma los argumentos que han venido sosteniendo desde el pasado año en torno a los artículos de la Ley de Régimen Electoral que restringen la actividad periodística e informativa, con la debida justificación jurídico-constitucional.
No compartimos la postura de los gremios periodísticos, de los cuales formamos parte en nuestra calidad de asociados a la ANP, de entregar al Órgano Electoral únicamente un pronunciamiento en contra de las decisiones del Órgano Legislativo, al cual se insta «a deponer su intransigente posición», pese a que ahora el interlocutor es precisamente el Órgano Electoral y es éste el que está convocando a dialogar. En el afán de hacer prevalecer el derecho a la información, la posición de La Razón es formar parte del diálogo y plantear nuestras inquietudes como medio de comunicación. No hacerlo, creemos, es entorpecer una situación ya delicada.
Defenderemos, naturalmente, nuestro derecho de informar y el de la población a ser informada. Reclamaremos porque el marco normativo nos permita brindar información suficiente, oportuna y completa sobre un proceso que ha sido calificado de histórico e inédito, lo haremos sobre la base de un compromiso de equidad en la cobertura de las y los candidatos.
Respecto de la interpretación ofrecida por las instituciones periodísticas, en la que afirman que la Ley de Régimen de Electoral y de su respectivo Reglamento «no gozan de Presunción de Constitucionalidad, dando así razón a la demanda del periodismo boliviano», cabe preguntarse dónde se habilita a los periodistas o sus gremios como intérpretes de la Constitución, por muy bien fundamentada que sea.
Finalmente, cabe recordar que si bien la CPE habilita a cualquier ciudadano a ejercer la iniciativa legislativa, vía que las instituciones periodísticas aún no han tomado, la facultad de sancionar y convertir en ley las iniciativas pertenece a la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuyos miembros han sido electos como representantes por miles de personas mediante voto democrático, a diferencia de los portavoces de las instituciones del periodismo o los circunstanciales líderes de opinión.
