Cuando el juicio oral por Octubre Negro cumplió ayer dos años, los afiliados a la Asociación de familiares caídos en defensa del gas protestaron en la puerta de la Fiscalía de La Paz, para exigir el dictamen de un fallo contra un grupo de ex autoridades del 2003 y la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y ocho de sus ministros.
A través de un documento difundido ayer, titulado «A dos años del juicio oral y ocho años de juicio de responsabilidades, seguimos esperando que se haga justicia y se derrote a la impunidad», los familiares de las víctimas denuncian que hay un sistema de impunidad y un pueblo que no está dispuesto a olvidar a sus muertos y, mucho menos, a sus asesinos.
Indican que, a pesar de los obstáculos presentados a lo largo del citado juicio, se «está por lograr una primera sentencia contra Erick Reyes Villa, Adalberto Kuajara, Juan Véliz Herrera, Roberto Claros Flores, Gonzalo Rocabado, Luis Aranda, Oswaldo Mendoza, para quienes exigimos un mínimo de 24 años de cárcel».
Agregan que esa sentencia servirá para fortalecer la demanda de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de sus entonces ministros Carlos Sánchez Berzaín, Yerko Kukoc, Javier Torres Goitia, Mirtha Quevedo, Guido Áñez, Hugo Carvajal, Jorge Torres y Dante Pino, quienes se encuentran en Estados Unidos, Perú y España.
