El responsable de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Rubén Saavedra, expresó hoy su preocupación por las denuncias de que chilenos enmallaron 1.500 metros lineales de la frontera con Chile, en la zona de Pisiga y dijo que ese tema debe ser resuelto por la Cancillería.
«La Cancillería está tomando cartas en este asunto, es un tema que nos preocupa, la conducta que adoptan las autoridades de Chile es una responsabilidad de ellos, nosotros estamos trabajando en las acciones ya definidas», dijo.
Saavedra prefiere esperar que sea la Cancillería la que tome contacto con sus pares de Chile para conocer las razones sobre esas acciones, en tanto dijo que el país «ha adoptado una política de Estado y estamos optando por una vía pacífica de solución del litigio que tenemos pendiente con Chile y acudir a tribunales internacionales es la mejor forma pacífica».
El 9 de abril pasado, el subalcalde de Pisiga, en el lado boliviano, Eddy Colque, denunció que pobladores de las localidades chilenas de Pisiga Carpa y Colchani enmallaron 1.500 metros de la zona compartida en la frontera con Bolivia y cerraron el paso del río Isluga a territorio boliviano.
En la Cancillería boliviana se informó que una comisión de esa cartera del Gobierno, el Instituto Geográfico Militar y de la Dirección de Fronteras del Ministerio de Defensa prepara una inspección de la zona limítrofe.
a Razón visitó el lugar y constató que el cerco se levanta entre los hitos 31 y 32. La obra permite a los chilenos distribuir con mayor libertad el agua de los bofedales fronterizos. El cerco tiene poco más de dos metros de altura y 1.500 de largo.
El 23 de marzo, el presidente, Evo Morales, anunció un giro en la política marítima boliviana al indicar que se entablará una demanda contra Chile en un tribunal de justicia internacional para conseguir una salida soberana al Pacífico. Esto, en todo caso, no desechaba el diálogo con el vecino país.
