Presidentes y vocales de cinco tribunales departamentales de Justicia (TDJ) revindicaron la prórroga de mandato de magistrados y consejeros electos en 2017 y advirtieron de que, un eventual cese de funciones, generará un vacío.
A su turno, arguyeron que los acuerdos permitieron garantizar las elecciones judiciales y, consiguientemente, la sucesión de dichas autoridades.
Se va a permitir que, “una vez electos mediante el voto popular, puedan asumir las funciones correspondientes de las actuales autoridades (…). No se puede generar un vacío de poder, no se puede dejar al pueblo boliviano sin acceso a la justicia”, dijo Freddy Larrea, vocal del TDJ de Santa Cruz, en conferencia de prensa.
La presidenta de ese mismo, Marisol Ortiz, se mostró preocupada ante los proyectos de ley que buscan un cese inmediato de las funciones de los magistrados y consejeros prorrogados. “Si se aprueba, es un perjuicio incalculable para el mundo litigante”, declaró.
Se refirió a los proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y 075, de cese de magistrados y consejeros, presentados por la oposición.
El 11 de diciembre del año pasado, el TCP dictó la prórroga de su mandato y el de los magistrados y consejeros electos en 2017, bajo la Declaración Constitucional 049/2023, la cual desencadenó una marcada desaprobación en la oposición y en el ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS).
El ala evista también promueve los proyectos de ley 073 y 075, que pretenden la destitución inmediata a los magistrados prorrogados y la imposición de sanciones correspondientes, antes de los comicios.
El jueves, el presidente del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia), Marco Jaimes, aseguró que, en un caso de suspensión de los plazos procesales, los perjuicios serían incalculables.
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Los presidentes de los tribunales de Justicia de La Paz, Beni, Chuquisaca y Oruro también declararon, a través de sus redes sociales, el daño que causaría el cese de funciones de los magistrados.
El presidente del TDJ de Chuquisaca, Hugo Lescano, advirtió de un “daño al mundo litigante, que tiene pendiente la resolución de sus procesos en casación, casos como el pago de beneficios sociales, revisiones extraordinarias de sentencia o la devolución de montos de dinero o inmuebles quedarían paralizados, perjudicando en gran manera a los interesados”.
Los jueces departamentales insistieron en que la única manera de retirar a las autoridades prorrogadas es a través de elecciones judiciales.
Luego de la promulgación de la Ley 1549, Transitoria de Elecciones Judiciales, el camino para los comicios comenzó a allanarse con el debate sobre la convocatoria a postulantes, en tratamiento, la tarde de este viernes, en la Asamblea Legislativa.
Dicha ley prevé 80 días para la preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa y 150 días para la organización de los comicios por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSJ).
