Auditorías al manejo de recursos públicos concluyen con un resultado de daños económicos al Estado que ascenderían a cerca de 43,9 millones de bolivianos, según refiere el informe anual 2010 de la Contraloría General.
El documento, al que tuvo acceso La Razón, detalla que el 90 por ciento de las auditorías concluyó con un informe de responsabilidad civil, mientras el resto con responsabilidades penal y administrativa.
Entre los informes más relevantes están los referidos a la Unidad Administrativa Desconcentrada AASAA de Santa Cruz (Bs 6.317.388), Administración de Servicios Portuarios Bolivia (Bs 1.122.092), Empresa Nacional de Ferrocarriles (Bs 1.771.723), Servicio Nacional de Caminos en Liquidación (con un total de Bs 2,5 millones), junto a otras 20 instituciones.
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) también está entre las entidades con un informe de responsabilidad civil por 1,9 millones de bolivianos.
En el caso de los municipios, se auditó a 160 de los nueve departamentos. Informes preliminares dan cuenta de que, entre los casos más relevantes, están once gobiernos municipales con presuntos daños económicos que van de 140 mil a 1,2 millones.
También se fiscalizó el manejo de recursos en las universidades públicas. Se detectó el pago de sueldos superiores al que recibe el Presidente, 14.500 bolivianos. La Contraloría prevé recuperar 13 millones de bolivianos por el cobro de sueldos mayores al del Presidente.
