La información la hizo conocer el propio ministerio, a través de un comunicado oficial. «Esta auditoría se ampliará a los vehículos incautados al narcotráfico y que tiene en depósitos la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi)», señala la nota.
La revisión de la situación legal de los motorizados se extenderá a los viceministerios de Régimen Interior y Policía, de Seguridad Ciudadana y Defensa Social y Sustancias Controladas.
Este trabajo de auditoría será efectuado por una empresa especializada, considerando aspectos legales y administrativos, con el propósito de determinar la situación actual de los motorizados, señala el comunicado.
La disposición surgió dos días después de que se constatara que un vehículo marca Mitsubishi fue descubierto en un parqueo del Ministerio de Gobierno con las placas que pertenecían a otro motorizado.
El director de Asuntos Jurídicos de ese despacho ministerial, Fernando Rivera, anunció la apertura de un proceso contra el funcionario que, «arbitraria y unilateralmente», cambió las placas de registro del vehículo oficial, por «falsedad material, al amparo de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz».
