Cerca de las 21.00, el presidente del Tribunal, Julio Ortiz, leyó en cuatro minutos y 50 segundos la sentencia, sólo en su parte resolutiva, después de un proceso judicial que se extendió por nueve años y que concluyó con un fallo aprobado por unanimidad. La condena dispone su reclusión en el penal de San Roque de Sucre.
La parte resolutiva señala textualmente que el Tribunal: «Por unanimidad, falla declarando a Luis Alberto Valle Ureña, autor de los delitos de uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, condenándole a cumplir la pena privativa de libertad de 8 años de reclusión, de ellos 6 años corresponden al delito más grave de uso indebido de influencias y dos por aplicación del artículo 45 del Código Penal, concurso real».
Pena. Ortiz explicó que la pena se computa a partir de la detención preventiva, registrada el 14 de septiembre del 2010, hasta el 13 de septiembre del 2018. Asimismo, el Tribunal dispuso una multa de 200 días a razón de 10 bolivianos por cada uno de ellos.
Además de la condena, a Valle se le absolvió de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas en grado de complicidad, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsedad ideológica. Las partes fueron convocadas para el martes 31 de mayo, a horas 17.00, para escuchar la lectura íntegra de la sentencia emitida anoche.
El exprefecto de La Paz fue acusado por el Ministerio Público por dos casos. El primero conocido como «chitochatarra», que se produjo a raíz de la venta de más de 150 vehículos como chatarra a precios subvaluados.
Valle, por esta venta irregular, fue acusado de los delitos de contratos lesivos al Estado, falsedad ideológica y conducta antieconómica.
Caso. El segundo caso fue por la transferencia ilegal de bienes del desaparecido Banco Minero a la Prefectura de La Paz. En este tema se transfirieron bienes muebles e inmuebles, equipos y maquinaria destinada a la actividad minera, por lo que fue acusado por los delitos de uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos. En ambos casos, el daño económico asciende a 7,3 millones de dólares.
Al término de la audiencia, el fiscal general, Mario Uribe, expresó su complacencia con el fallo condenatorio y dijo que el Ministerio Público demostró con las suficientes pruebas los delitos que cometió Valle. Por su parte, la exautoridad declaró que ésta fue «una crónica de una muerte anunciada, porque así lo veníamos venir.
Hoy día la justicia en Bolivia deja mucho que desear, sin embargo, yo me considero inocente y ahora haremos todas las gestiones a nivel internacional». Dijo que fue un fallo «equivocado y político», controlado y dirigido por el Órgano Ejecutivo.
El proceso contra Valle comenzó el 8 de abril del 2002, con la presentación de una querella de la Prefectura de La Paz. Al año siguiente, la Corte Suprema envió al Congreso la solicitud para la autorización del juicio de responsabilidades y recién el 2005 el Congreso lo autorizó.
Tras esa autorización y luego de la investigación del Ministerio Público, el Tribunal de Sentencia abrió el juicio oral en septiembre del 2008, pero éste no terminó con sentencia debido a que Valle fugó del país en marzo del 2009.
El segundo juicio comenzó el 7 de octubre del 2010, luego de que Valle fue capturado en Lima, Perú, y traído a Sucre el 14 de septiembre de ese año, desde esa fecha se encuentra detenido preventivamente en el penal de San Roque. Ambos juicios duraron 15 meses y 20 días, y todo el proceso, desde la denuncia hasta la sentencia, nueve años.
