El presidente del Concejo Municipal de Oruro, Germán Delgado (MAS), informó ayer que la decisión de denunciar a la Fiscalía a la alcaldesa de esa ciudad, Rossío Pimentel, fue adoptada por nueve concejales, incluidos los del Movimiento Sin Miedo (MSM). Estas declaraciones fueron obtenidas por la red estatal Patria Nueva.
Pimentel fue imputada por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y daño económico por la designación de un delegado anticorrupción, cuya remuneración no estaba prevista en el Plan Operativo Anual 2011 y porque sobrepasaba el techo fijado en la escala salarial aprobada por el Concejo el 2008.
De acuerdo con Delgado, nueve concejales de Oruro decidieron denunciar estas presuntas anomalías para no ser procesados más tarde por omisión bajo la ley anticorrupción.
«En la gestión 2008 se aprueba una escala salarial, donde se establece que el máximo a pagarse a un funcionario de la Alcaldía es de alrededor Bs 3.800, pero la alcaldesa Pimentel realiza la contratación por Bs 6.259», afirmó, según Patria Nueva.
Añadió que el Concejo emitió una resolución que establece que mientras no exista un manual de funciones, el delegado anticorrupción, no podía fungir como tal, pero Pimentel «hace caso omiso, lo que da lugar al incumplimiento de deberes».
El presunto apoyo de concejales del MSM fue abordado por el jefe de esa fuerza, Juan del Granado, quien el miércoles pasado anunció en la ciudad de Oruro una investigación.
