Luego de que los transportistas se retiraran de la reunión, amenazando con retomar las movilizaciones de protesta y con incrementar de facto el precio de los pasajes, el Alcalde paceño ha señalado que se habilitarán los canales administrativos para denunciar y sancionar a los conductores que apliquen tarifas no aprobadas, agregando que «la mejor manera de defenderse frente a los abusos es no pagando más» de lo estipulado en la norma.
Al respecto, en su alegato, los transportistas han reiterado una vez más que las tarifas actualmente vigentes datan de 1999 y, no sin razón, afirman que la economía nacional no es la misma desde entonces. Sin embargo, la decisión de congelar el precio de los pasajes responde a los resultados de un estudio encomendado por el propio Gobierno Municipal, en el que se demuestra que la estructura de costos vigente permite no sólo mantener los precios sino que incluso recomienda rebajarlos en algunos casos.
La evidencia más visible de que el estudio municipal es correcto en sus cálculos está en que son los propios conductores de minibuses quienes aplican el ‘remate’ de sus pasajes en los horarios en que hay pocos pasajeros y, sobre todo, los taxistas siempre se toman la libertad de decidir si quieren llevar o no a las personas que requieren sus servicios, lo cual resultaría inverosímil en cualquier otra ciudad.
El señalado estudio también contempla otros aspectos de la problemática del transporte de pasajeros, revelando por ejemplo que el 56% de los conductores son asalariados, frente a 42% de propietarios de sus propios vehículos; que el 64% de los vehículos de transporte público que circulan por la ciudad son minibuses y que ocho de cada diez de estos automóviles tienen una antigüedad mayor a los 12 años, lo que explica el rechazo a la disposición contenida en el anteproyecto de Ley de Transportes, donde se establece la prohibición de usar coches antiguos en el servicio de transporte.
Afortunadamente para los choferes, el estudio no evaluó la calidad del servicio, pues previsiblemente esto hubiera incidido aún más en la decisión de congelar las tarifas o la recomendación de reducirlas. Se viene, pues, una nueva temporada de conflictos con el gremio de los choferes, y es de esperar que en esta ocasión, las autoridades mantengan la firmeza demostrada hasta ahora y que, sobre todo, la población se oponga activamente a los abusos. La solución, está claro, pasa por renovar completamente el sistema de transporte, y eso no será fácil ni pronto.
