El fiscal de Recursos, Milton Mendoza, sostiene que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) es un órgano auxiliar del Ministerio Público y que la Policía tiene la obligación de aprehender a una persona cuando ésta se ha visto involucrada en la comisión de un hecho delictivo, en sus centros de detención.
«Las carceletas de la FELCC tienen su función, reciben a los aprehendidos en flagrancia, arrestados cuando no se identifica a la persona que cometió delito o aprehendidos con orden fiscal o judicial para remitirlos al juez. Ellos necesariamente tienen que ser remitidos a las carceletas de la FELCC», sostuvo Mendoza.
Por el contrario, Jorge Quiroz, abogado especialista en derechos humanos, manifestó que dentro del ordenamiento jurídico internacional y del respeto a los derechos humanos, estas celdas «no tienen razón de existir».
«La misma Constitución boliviana establece que los únicos centros de detención que existen son los penales. Legalmente, estos centros de detención no deben de existir», manifestó.
Añadió que las personas aprehendidas deberían de ser atendidas inmediatamente por la Fiscalía, sin esperar en una celda de detención, puesto que la Ley del Ministerio Público «establece que los fiscales trabajan las 24 horas del día y los 365 días del año».
En relación a las mejoras para una buena infraestructura para proteger los derechos humanos de los detenidos, el fiscal Mendoza aseveró que «como Fiscalía, muy poco podemos hacer, no depende de nosotros, sino de la Policía y del Ministerio de Gobierno».
Lamentó que pese a que en el país exista un nuevo sistema procesal, en la infraestructura de los recintos policiales y carcelarios no ha cambiado nada.
«Si bien tenemos una Constitución que defiende derechos y es mucho más garantista que la anterior, lamentablemente eso se queda en el papel. Esas son las circunstancias lamentablemente», expresó la autoridad.
