El Defensor del Pueblo propuso la redacción de una política pública especial para que las celdas policiales mejoren en todo el país y se respeten los derechos humanos de las personas con detención temporal.
«Hay que hacer una política pública con niveles departamentales y la participación de municipios de urbes como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, para que los detenidos tengan una mejor condición mientras esperan que se les haga justicia», manifestó el jefe de la Unidad Nacional de Programas Especiales de la Defensoría del Pueblo, Jorge Oporto.
La propuesta es compartida por el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), coronel Jorge Toro, quien sumó a otras instituciones al análisis del proyecto.
«Todas las cárceles deben tener adecuaciones necesarias para que no se falten a los derechos humanos y haya un adecuado trato humanitario. Pero tienen un conjunto de instituciones que sentarse a elaborar la política, para que trabajen por los derechos humanos como el Defensor del Pueblo, la Asamblea de Derechos Humanos, la Fiscalía, la Policía y el Ministerio de Gobierno», manifestó Toro.
Aclaró que sólo estas instituciones, o cualquiera sea el grupo de análisis, tienen que tomar la decisión. «Yo no la puedo tomar», señaló.
La preocupación por las celdas policiales se profundizó tras la muerte de un joven de 20 años en una celda de la FELCC de El Alto, en la última semana. La Policía señaló que se sospecha de asesinato o suicidio.
ESTUDIO. Toro manifestó que ya hubo una autopsia de ley, se determinó que fue un caso de suicidio. Sin embargo, el cabo de llaves de la celda de la FELCC de El Alto es investigado internamente por la entidad policial, por presunta omisión en el cuidado de la celda y la prestación de auxilio del infortunado.
El jefe nacional de la FELCC explicó que, con ese caso, era prudente que con la realización de esta coordinación interinstitucional se aprueben medidas de seguridad como la instalación de videocámaras para vigilar a los detenidos, con recursos destinados a la seguridad ciudadana.
El coronel Toro cree que las celdas policiales, así como las penitenciarías, deben tener su propia seguridad, y que no necesariamente deben ser de responsabilidad policial.
«En otros países hay una policía de penitenciarías civiles, exclusivas para custodiar detenidos. Nosotros estamos manejando desde la cárcel de Chonchocoro hasta las carceletas. Hay poca gente especializada en asuntos carcelarios», estimó.
A nivel general, en el Defensor del Pueblo se dijo que esta institución ha realizado estudios previos también sobre la situación de las carceletas que funcionan en el área rural, las mismas que dependen de Régimen Penitenciario, así como de las celdas policiales que son de la FELCC.
«Se prevé abrir mesas nacionales y departamentales para analizar temáticas de los centros penitenciarios o lugares de detención, para que se cumpla el respeto de los derechos humanos de todas las personas. En julio se iniciará, con Régimen Penitenciario y otras instituciones, un análisis de la temática de los privados de libertad», declaró Jorge Oporto.
Según el informe defensorial de la «situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en 20 recintos penitenciarios del área rural», no tienen «ningún personal administrativo que cumpla con las obligaciones de prestar servicios penitenciarios de asistencia médica, legal, psicológica, social o religiosa», tal como lo establecen las normas.
Detención legal de la policía
El artículo 227 del Código de Procedimiento Penal establece que la Policía podrá aprehender a toda persona y ponerla a disposición del fiscal en un plazo no mayor a las ocho horas, cuando haya sido sorprendida en flagrancia; en cumplimiento de un mandamiento de aprehensión; en cumplimiento de una orden emanada del fiscal y cuando se haya fugado estando legalmente
detenida.
