Seguidores del alcalde del municipio cruceño de La Guardia (a 20 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz), Jorge Morales, detenido esta mañana y llevado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen por presuntos actos de corrupción, hacen vigilia en inmediaciones del recinto policiaco exigiendo que la autoridad edil quede en libertad. Iniciaron un bloqueo en la ruta hacia esa localidad.
La autoridad edil fue arrestada luego de participar en una entrevista con un canal televisivo. Despachos televisivos informaron de que los simpatizantes del Alcalde se trasladaron hacia la FELCC cruceña en protesta por la detención.
Al promediar las 10.30, el Alcalde tuvo una descompensación física y fue atendido por su médico.
«Sufre de hipertensión arterial, de gastritis, pero el estado tensional puede ocasionar cualquier desequilibrio en él. En este momento está estable y tranquilo», afirma su médico Arturo Pacheco, informó PAT.
Una vez conocida la detención de Morales, pobladores del municipio de La Guardia tocaron las campanas de la iglesia para convocar a la gente y declararse en estado de emergencia.
«Estamos en emergencia porque no puede ser que la gente que trabaja por su pueblo sea metida y agarrados por la policía como delincuentes. Vamos a empezar con bloqueos y caminos, es el criterio de toda la población. Estamos aquí para apoyarlo. Vamos a hacer lo que se tenga que hacer», manifestó una vecina a la red PAT.
Otro vecino aseguró que «vamos a bloquear indefinidamente la carretera que une Santa Cruz con Cochabamba».
Esta tarde habrá una reunión de los representantes del municipio y de la población para asumir determinaciones.
El 19 de mayo, el Alcalde declaró en la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz por dos horas para responder por una demanda por supuesto enriquecimiento ilícito y falsedad en su declaración jurada
El alcalde Morales enfrenta procesos por supuestos hechos irregulares cometidos durante su gestión, aunque él considera que son para desprestigiarlo con la intencionalidad de buscar su suspensión.
Una primera demanda fue impulsada por explotadores de áridos que lo acusaron por incumplimiento de deberes, luego de que en 2006, mediante ley, se transfiriera la competencia del Ministerio de Minería a los municipios.
También se le acusa de emitir resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
