Así lo hizo conocer ayer a La Razón el viceministro de Telecomunicaciones, Wilber Flores, quien dijo que la aprobación del proyecto de ley es una decisión que deberá asumir la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Flores explicó que cuando Entel fue capitalizada, la empresa no tenía ninguna deuda por lo que al Gobierno no le parecía «lógico» que la telefónica ahora compita en el mercado con deudas anteriores.
Desde la nacionalización de Entel, el 1 de mayo del 2008, la compañía telefónica asumió todos los pasivos contingentes que dejó el consorcio italiano Euro Telecom International NV (ETI) por más de Bs 1.000 millones.
«El tema de la condonación de Entel es una política clara del Gobierno y tiene un antecedente desde hace 15 años (con la capitalización de las empresas públicas)», explicó.
Las declaraciones realizadas por el viceministro Flores fueron hechas ayer luego de la audiencia pública realizada por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja, presidida por el asambleísta del MAS, Marcelo Elío.
De aprobarse el proyecto de ley, el Estado no sólo habría gastado $us 100 millones por la nacionalización de Entel, sino que dejaría de percibir más de Bs 1.000 millones ($us 150 millones) por el perdón tributario a la telefónica.
Ambas cifras representan la suma de $us 250 millones. El miércoles 25, la Comisión de Planificación aprobó «sin modificaciones» el referido proyecto de ley que fue enviado por el Órgano Ejecutivo.
«En consideración al Decreto Supremo 29544 a través del cual el nivel central del Estado dispuso la nacionalización de Entel SA se condona la integridad de la deuda tributaria y adeudos regulatorios de dicha empresa, generada con anterioridad al 1 de mayo del 2008», dice la disposición transitoria tercera del proyecto de Ley de Telecomunicaciones.
Advierten con cierre de varias cooperativas
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de Luz y Fuerza, Telecomunicaciones y Agua, Rubén Darío, advirtió ayer que si el Órgano Legislativo aprueba el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que establece que las cooperativas telefónicas deban aportar el 2% sobre sus ingresos brutos, muchas de ellas tendrán que dejar de operar porque se encuentran con problemas económicos.
«Yo creo que si pagan las cooperativas están en condiciones muy desventajosas, muy difíciles y con peligro de que se tengan que ir a un cierre y con costos sociales muy grandes», manifestó.
El dirigente planteó que el aporte de las cooperativas sea sobre sus ingresos netos y que el Gobierno les otorgue la cuarta frecuencia de telefonía móvil. El viceministro de Telecomunicaciones, Wilber Flores, dijo que el 2% que se recaude será invertido en el desarrollo de la telefonía rural.
