Los comercializadores de ropa a medio uso pidieron ayer al Gobierno el mismo tratamiento que se dio a los propietarios de vehículos indocumentados, denominados chutos.
Los comerciantes indicaron que quieren legalizar las prendas retenidas en aduanas. «Si el término cabe, la nacionalización o perdonazo: pagar una multa y recoger toda la prendería que está en Aduana, la cual debe ser devuelta puesto que fue incautada», explicó Jorge de Ugarte, dirigente del sector. Señaló que así como existen parámetros para la regularización de vehículos indocumentados, es posible reglamentar la venta de prendas a medio uso. «En la ropa que hagan lo mismo: las prendas de primera y segunda clase adelante, lo de abajo afuera», dijo.
Según el dirigente, no piden la importación legal de la prendería, sino la devolución de la mercadería incautada desde el 2006, año en que se emitió el Decreto Supremo 28761 que prohíbe la importación y comercialización de ropa usada en todo el país.
«A nivel nacional han decomisado desde un fardo hasta camiones, se lo han llevado sin explicaciones, sin acta que regule la incautación. Ojo que no fue confiscación y por tanto deben devolvernos las prendas», aseguró el dirigente gremial.
Los denominados ropavejeros observaron el ingreso de vehículos indocumentados a pesar de las prohibiciones para la legalización y las consecuencias de la normativa. Según De Ugarte, el pedido no es una consigna política o afán de lucro. «La ropa usada es un tema social. Desde que vendemos esa ropa no hay pobres mal vistos porque es ropa barata», afirmó el dirigente. Explicó que si bien está en vigencia el Decreto 28761, «hay un amparo contra la norma calificada de inconstitucional, y hace dos años que se ha pedido al Ministerio de Producción tratar el tema. Estamos esperando la solución definitiva».
