De esa manera concluyó una semana de protesta de las trabajadoras sexuales, que desde el lunes pasado ingresaron en huelga de hambre y se cosieron los labios en protesta por lo que ellas llaman «violencia y abusos» de la Intendencia.
Ellas habían pedido la destitución del intendente Richard Oblitas por maltrato y la reglamentación a la Ordenanza 132/2007, porque «no todos los decomisos llegan a la Intendencia». Pero ambas solicitudes eran la fachada de un pedido central, que hace a su subsistencia como «actividad laboral»: amnistía en los controles de la Intendencia.
El pedido fue expresado por la representante de las trabajadoras sexuales, Lily Cortez, al final del encuentro que se celebró ayer en oficinas del Defensor del Pueblo de la ciudad de El Alto, donde participaron autoridades municipales, organizaciones sociales y el representante del Defensor en esa ciudad, José Luis Hidalgo.
Pero la amnistía no sólo significa ausencia de controles, sino inobservancia a las normas que rigen esta actividad en El Alto. La ordenanza 132/07 prohíbe la instalación de lenocinios a partir de 2007, y la ordenanza 186/06 faculta a la Intendencia a decomisar los muebles y enseres de todas las actividades clandestinas, es decir las que carecen de licencia edil.
Estas dos normas estrangulan la actividad de los lenocinios. Por una parte, a partir del 2007 la Alcaldía alteña no extiende ninguna licencia de funcionamiento a clubes nocturnos, de modo que todos los locales de prostitución que se abrieron a partir de ese año son ilegales o clandestinos, aunque estos locales cumplan con requisitos de sanidad, autorización policial o pago de tributos al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Además, como están en condición de clandestinos, cuando la Intendencia encuentra uno de estos locales tiene la obligación de decomisarle sus bienes. Esto es lo que ha hecho la Intendencia en los últimos operativos realizados entre mayo y junio, especialmente al local 80, ubicado en la Jorge Carrasco, donde funcionan siete lenocinios, todos ellos clandestinos, según la subteniente Silvia Mallea, intendente interina.
Cuatro de estos locales fueron clausurados y sus equipos decomisados. Estos operativos desataron la huelga de las meretrices. Ellas denunciaron la violencia con la que operaron los uniformados y pidieron la destitución de Oblitas, aunque el Intendente no participó de los operativos.
Ayer, durante el encuentro en la Defensoría del Pueblo, el comandante de la Policía regional de esa ciudad, coronel Wenceslao Sea, pidió disculpas «si es que hubo violencia».
Pero el problema principal no era la violencia ni Richard Oblitas, pues pese a las disculpas y el anuncio de investigaciones de la Dirección de Transparencia en contra del Intendente, las meretrices insistieron en su medida de presión y plantearon una amnistía en los controles. La razón es vital, según explicaron las trabajadoras sexuales que acompañaron a Cortez.
Fundamental. Ellas se asociaron y alquilaron locales y compraron muebles para ofrecer servicios sexuales. Cuando la Intendencia realiza controles, como el local no tiene licencia de funcionamiento, se lleva esos muebles, y ellas no pueden recuperarlos justamente por la ausencia de licencia de funcionamiento. De modo que para volver a abrirlo deben comprar nuevos muebles, lo que les representa un gasto oneroso, pues según dijeron sólo un sofá cuesta 200 bolivianos. Esta situación estrangula su actividad.
Pero las autoridades ediles, en voz del director de Transparencia, René Quispe, explicaron que no pueden ceder la amnistía porque ello significa que incumplan sus obligaciones como funcionarios y en ese caso serían pasibles a sanciones establecidas en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz por incumplimiento de deberes.
Entonces, Lily Cortez planteó que se realicen los controles pero que no se decomisen los muebles, que «no se saquee», según sus palabras. A esto tampoco accedieron los munícipes, con el mismo argumento expresado con anterioridad.
Se llegó a un punto muerto, pero las trabajadoras sexuales fueron presionadas por el representante del Defensor del Pueblo, la Federación de Mujeres de El Alto y por los funcionarios ediles, de modo que al final aceptaron levantar las medidas de presión a condición de que una de sus representantes participe en todos los operativos, situación que fue aceptada por la Alcaldía.
La discusión acerca de una amnistía a los lenocinios y la consiguiente revisión de las ordenanzas restrictivas fue postergada para la primera semana de julio, cuando se instalarán mesas de diálogo para consensuar una nueva normativa.
‘Que nos dejen trabajar’
Una de las trabajadoras sexuales pidió la palabra y con llanto en los ojos declaró que el cierre de los lenocinios y el decomiso de los muebles las está dejando sin trabajo. «Tengo seis hijos que mantener, los he criado con este oficio. Hoy por ejemplo les he dejado 20 bolivianos para el almuerzo y tengo que conseguir para mañana», imploró entre sollozos. «Por favor, déjennos trabajar para mantener a nuestros
hijos».
‘No nos hagan desacatar’
En representación de las autoridades ediles, el director de Transparencia, René Quispe, respondió con tono de súplica que no les obliguen a incumplir las normas. «No podemos dar la amnistía, porque así estaríamos incumpliendo las normas y ahora las leyes en contra de los funcionarios públicos son drásticas, con cuatro años de cárcel si es que desacatamos las normas».
