Sus autoridades acusan a la Fiscalía y la Policía por no cumplir sus funciones
La falta de acompañamiento de la Fiscalía y la Policía y los incontables procesos que los avasalladores han entablado contra funcionarios ediles, son las dos dificultades con las que tropieza el Gobierno Municipal de La Paz cuando trata de tomar acciones contra los loteadores, informó el asesor jurídico de la Alcaldía, Fernando Velásquez.
«El problema de los loteamientos es recurrente y aunque la Alcaldía tiene los instrumentos jurídicos para proceder en estos casos, no existe un acompañamiento real ni de la Policía ni del Ministerio Público. Es por ello que los funcionarios municipales se ven inmiscuidos en procesos penales», añadió.
Según Velásquez, la Fiscalía tendría que iniciar procesos de oficio cuando hay avasallamientos, lo que no ocurre. La fuerza pública, por su parte, se niega a participar en los operativos de desalojo o demolición, alegando que precisa una orden judicial, pero como no existen procesos, al final la Alcaldía se queda sola.
«He perdido la cuenta de los juicios que se han iniciado contra funcionarios de la Alcaldía por los desalojos. Incluso hubo violencia, pero pese a ello la Policía no presta el apoyo que se requiere».
Similar criterio fue vertido por la presidenta del Concejo, Gabriela Niño de Guzmán (MSM), quien destacó que aunque la Alcaldía puede demostrar su derecho propietario, la instancia que define ese derecho es la justicia.
«Los loteadores falsifican papeles y en estos casos es la justicia la que define de quién es el terreno en pugna. Cuando hay una vulneración expresa de predios tampoco hay apoyo de la Policía para desalojar». Y como ejemplo citó el caso del Parque Nacional Mallasa, invadido por comunarios.
