Mientras los manifestantes esperan en sus comunidades a los equipos de negociación que viajaron a Lima para evaluar la situación y decidir si levantan las protestas. Según informó a EFE el coordinador de la Defensoría del Pueblo en Juliaca, Jacinto Ticona, esa ciudad amaneció este domingo «con cierta tranquilidad», en tanto que el comercio y el transporte público se restablecían.
Los más de 5.000 manifestantes que protagonizaron el viernes duros enfrentamientos con la Policía, retornan también poco a poco a sus comunidades de origen, en las provincias de Azángaro y Yaraví.
El comercio reabrió las puertas, la gente camina por las calles y los vehículos circulan sin restricciones, mientras que un contingente policial y militar custodiaba el aeropuerto Inca Manco Kápac, que permanece cerrado, y que los manifestantes intentaron infructosamente tomar, según AFP.
Alrededor de un centenar de vehículos trasladó a los manifestantes que partieron con los cuerpos de las cinco víctimas que fallecieron durante la represión policial el viernes, cuando intentaron tomar el aeropuerto.
Ticona confirmó a EFE que el 90% de los heridos presentaba heridas de bala y añadió que 14 de ellos aún permanecen en dos centros médicos de la ciudad. El sábado, el Gobierno peruano promulgó cinco leyes, entre ellas la revocatoria de una concesión a una minera canadiense, de cara a atender los reclamos de las violentas protestas.
Las leyes fueron publicadas en la gaceta oficial El Peruano y recogen en lo esencial los reclamos de los manifestantes aymaras de Puno, en la frontera con Bolivia, y de campesinos quechuas al norte de esa región peruana.
Una de las leyes suspende la concesión a la minera canadiense Bear Creek, que solicitó autorización para adquirir siete derechos mineros en la zona de frontera con Bolivia. La empresa dijo que usará «todos los caminos disponibles» para explotar una mina de plata en las montañas del sur del Perú.
Ayer se publicó una nueva norma que busca atender el principal reclamo de los manifestantes de esta región de Puno: la descontaminación del río Ramis por culpa de la actividad minera informal en la zona.
Por otra parte, señala la agencia EFE, se espera que la protesta en el sur de Puno encabezada por pobladores de etnia aimara contra la minería en la zona también llegue a su fin tras los anuncios realizados por la administración de Alan García.
Minera critica la decisión
Reclamos
La minera Bear Creek afirma que cualquier cambio del decreto de concesión «es ilegal y sin base», dado que considera haber cumplido con las leyes peruanas, según un comunicado. Anunció que defenderá inmediata y vigorosamente sus derechos, según AFP.
