A medianoche empezó en Grecia la cuarta huelga general del año. Durante 48 horas, barcos, autobuses, tranvías, trenes, metro y aviones dejaron de funcionar total o parcialmente; cerraron oficinas de la administración, bancos, centros públicos y ambulatorios; los hospitales sólo atendieron emergencias y cerraron farmacias.
Nada difiere de anteriores convocatorias (la última, hace dos semanas); tampoco las multitudinarias concentraciones previstas en Atenas y otras ciudades, o los más que previsibles incidentes entre elementos residuales y la Policía.
La única diferencia es que las 48 horas de huelga convocadas por los dos sindicatos mayoritarios, Confederación General de los Trabajadores de Grecia (GSEE, sector privado) y Adedy (funcionarios), coincidieron con la votación más decisiva que probablemente haya abordado el Parlamento griego desde el restablecimiento de la democracia, en 1974: la del plan de ajuste 2012-2015, cuya aprobación es una condición ineludible para el desbloqueo del quinto tramo del rescate acordado por la UE y el FMI en mayo del 2010. Sin esos 12.000 millones de euros Grecia se declarará insolvente en julio.
Con la teórica mayoría absoluta que dispone el gubernamental Movimiento Socialista Panhelénico, 155 de 300 diputados, la votación de mañana debería ser un paseo.
