Álvaro García Linera aseguró ayer que la oposición a la construcción de la carretera, que entrará en la Amazonia boliviana, proviene de «intereses oligárquicos» que operan en una zona donde trabajan Organizaciones No Gubernamentales (ONG) supuestamente vinculadas a la defensa de la ecología.
«Vamos a hacer consultas a los pueblos, pero no a los abogados europeos que asesoran a ONG», advirtió García Linera, quien ratificó la vocación de la gestión de Evo Morales de defender el medio ambiente.
El Gobierno —insistió— hará una consulta comunidad por comunidad para resolver la controversia que existe con los pueblos indígenas del TIPNIS y la construcción de la carretera que unirá las poblaciones de Villa Tunari, (centro, subandino), Cochabamba y San Ignacio de Moxos (nordeste, Amazonia) Beni.
La autoridad aseguró que el Gobierno respeta el derecho de los pueblos indígenas y reivindica la defensa del medio ambiente y los bosques, pero sin dejar de lado el derecho de los indígenas, campesinos y gente pobre, de poder transitar por una carretera que demandará una inversión de $us 442 millones.
La ruta permitirá acortar la distancia entre Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, y el tiempo para alcanzar a los consumidores y productores de las ciudades de La Paz, Oruro y Potosí y, más al sudeste, Sucre.
«Ha habido un sabotaje permanente a la realización de esa carretera por intereses oligárquicos que buscan mantener dependencias territoriales y departamentales», apuntó. Aseguró que los productores agroganaderos del departamento del Beni deben, en la actualidad, descender hasta Santa Cruz para conectar con Cochabamba y La Paz.
