El jefe de la Unidad de Actividades económicas, René Durán, informó que en el caso de las personas naturales (propietarios de negocios pequeños) se redujeron seis requisitos y respecto a las personas jurídicas (sociedades o grandes empresas) se obviaron cuatro condiciones.
En relación a las personas jurídicas, se eliminaron: la presentación de la fotocopia del Certificado del Número de Identificación Tributaria (NIT), contrato de alquiler firmado por un abogado, certificado de Registro Ambiental Industrial (RAI), fotocopia del testimonio de propiedad, fotocopia legalizada del poder notarial del apoderado legal y tarjeta de propiedad o folio real.
Las personas jurídicas dejarán de presentar: fotocopia del certificado NIT, contrato de alquiler firmado por un abogado, certificado RAI si no es una industria que trabaja en la modificación de materia prima y se considere que su actividad no contamina y la tarjeta de propiedad o folio real.
«No es necesaria tanta documentación, cuando lo que se quiere es que existan negocios o actividades económicas que paguen al municipio para que se pueda tener más ingresos a recaudaciones, algunos los hemos considerado como posibilidades no obligatorias», justificó Durán.
Bajas. Otro trámite en el cual se redujeron los requisitos es en la baja de las actividades económicas. Antes los propietarios que querían cerrar sus negocios debían presentar los mismos documentos que entregaron cuando lo abrieron, pero ahora sólo tendrán que exhibir dos papeles.
«Considero que los documentos más importantes a presentar son la cédula de identidad y las últimas boletas de pago de impuestos, nada más».
Esta unidad municipal carece de información acerca de la cantidad de actividades económicas, tiendas, empresas, negocios, hoteles, restaurantes, entre otros, que con licencia municipal. Durán calculó que el 70 por cientos de esos emprendimientos funcionan sin permiso municipal.
Con el objetivo de controlar esas actividades y cuantificarlas, esa dirección emprenderá operativos de control a partir de la subsiguiente semana, con la participación de 55 funcionarios de esa unidad ejecutiva.
«Vamos a tener una reunión con las diferentes unidades y Dirección de Recaudaciones para coordinar estas acciones y estimamos que dentro de dos semanas se podrán hacer estos operativos».
Las actividades económicas que no estén registradas serán notificadas con el formulario 02 de fiscalización para que regularicen su situación en 72 horas. Durán advirtió que en caso de persistir en la ilegalidad, los negocios serán clausurados o multados. La disminución de requisitos para la obtención de la licencia está vigente desde el mes pasado.
Actividad gremial en El Alto
Los comerciantes minoristas pagan a la Alcaldía de El Alto una patente anual por asociación, la cual oscila entre ocho y 22 bolivianos en función a la ubicación de los negocios: más erogación si están en áreas comerciales y menos si se ubican en sitios alejados. Esta modalidad de pago fue adoptada el 2005, durante la gestión del alcalde José Luis Paredes, cuando se eliminó el pago del sentaje diario de 0,20 bolivianos, lo que hacía unos 70 bolivianos al año. Los cuentapropistas quieren cancelar la patente, pero no tienen el visto bueno de los gremiales.
Gobierno edil carece de una base de datos
La Unidad de Actividades Económicas no tiene una base de datos respecto a la cantidad de emprendimientos económicos que funcionan en la ciudad de El Alto. Carece de información, incluso de los negocios que cuentan con licencia de funcionamiento.
«Fue un descuido de las anteriores gestiones no tener este tipo de registros, ya que esto ayuda a un mejor control, pero cuando se inicien los operativos iremos, además de notificar y verificar si cuentan con licencias de funcionamiento, anotando la cantidad de actividades, señaló su responsable René Durán.
Según la Unidad de Asentamientos, en esta ciudad existen 318 asociaciones de comerciantes minoristas, pero según su federación son 480 grupos. Esta unidad tampoco sabe cuántos son los integrantes de cada una de las agremiaciones. El costo de la licencia de funcionamiento para las actividades económicas depende de la zona y el rubro.
Por ejemplo, una tienda de abarrotes y dulces de 10 por 10 metros debe pagar entre 150 y 202 bolivianos para obtener el permiso municipal. Ese costo varía en función a su ubicación dentro de las tres zonas comerciales en las cuales está dividida la ciudad con fines impositivos: de mayor a menor actividad económica.
