La autoridad diplomática ofreció ayer una conferencia de prensa para aclarar los alcances de la denuncia de Bolivia a la citada Convención. El martes, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) criticó esta acción asumida por el Gobierno boliviano.
La Asamblea Plurinacional aprobó una ley de denuncia a la Convención para defender el acullico y el uso tradicional de la coca, que es catalogada como «estupefaciente» en el acuerdo de 1961, motivo por el que fija un plazo de 25 años para que —expresó Alurralde— sea eliminada.
Enmienda. El diplomático agregó que la JIFE aplaza todos los años a Bolivia en sus informes porque la coca se sigue cultivando y consumiendo, tanto en el acullico como en usos medicinales y tradicionales y, por lo tanto, se incumple el Convenio de 1961.
Alurralde explicó que a partir del 1 de enero del 2012, los 183 países que suscribieron el citado convenio deben analizar la reserva que será planteada por el Gobierno boliviano el 1 de diciembre de este año, en la que el país hará conocer su defensa del acullico como una costumbre ancestral.
El Ejecutivo aún no tiene definida la redacción de la reserva que será presentada en diciembre. «La reserva de Bolivia dirá mantener la práctica milenaria del masticado de coca, convergiendo con las normas internacionales sobre diversidad cultural, el principio de no intervención y de respeto a la soberanía de los Estados», sostiene la Cancillería.
Alurralde señaló que si un mínimo de 61 países objetan o rechazan la defensa del acullico de Bolivia, la denuncia hecha por el Gobierno no tendrá efecto.
Cárteles. Consultado sobre estos temas, el exviceministro de Relaciones Exteriores Jaime Aparicio afirmó ayer que la denuncia a la Convención hace vulnerable al país a la presencia de cárteles.
«Éste es un problema delicado, adicional. Pero mucho más grave es el referido a la coca por su expansión, ya que no sólo tiene consecuencias en el medio ambiente, invadiendo parques nacionales naturales, sino que habrá un incremento de zonas ilegales acompañado de un gradual incremento de organizaciones criminales, cárteles de Colombia y México hacia Bolivia», dijo, según ANF.
Situación en la región
La denuncia de Bolivia a la Convención de 1961 hará que la defensa de la coca esté circunscrita a su territorio y no así al de Perú, Colombia o Ecuador, explicó el vicecanciller Juan Carlos Alurralde.
Segundo plan A favor de la coca
Con la denuncia de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, el gobierno del presidente Evo Morales inicia su segunda acción encaminada a defender la hoja de coca y el acullico.
Durante el 2009, Bolivia impulsó la enmienda a la citada convención, con el objetivo de eliminar la prohibición del masticado de la hoja de coca, que está contemplada en el artículo 49, incisos 1c) y 2e) del acuerdo de 1961. Sin embargo, la propuesta de enmienda no pudo ser realizada porque 17 países objetaron esa acción. Según lo estipulado bastaba que un solo país se oponga para dejar sin efecto la solicitud boliviana.
Como segunda acción, el 29 de junio de este año, la Asamblea Plurinacional aprobó la Ley de Denuncia a la Convención Única de Estupefacientes de 1961. A través de este plan, Bolivia volverá a adherirse a este convenio —pero sin dejarla ni siquiera por un día, en cumplimiento de los plazos fijados por el mismo tratado— con una reserva, precisamente para defender el acullico.
Esta segunda acción puede ser rechazada si es que al menos 61 países, de los 183 adscritos al Convenio de 1961, objetan la reserva planteada por Bolivia.
La Cancillería, en un comunicado, sostiene que «la enmienda planteada no significa aceptar ni promover el libre cultivo de la hoja de coca. El uso ilícito que el narcotráfico le da a esta planta obliga a ejercer una serie de controles y a establecer límites».
